Mañueco supera el primer obstáculo para aprobar sus rebajas fiscales en Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco ha despejado el primer obstáculo parlamentario para sacar adelante sus rebajas fiscales de 2027. Los votos de PP y Vox tumbaron este jueves las enmiendas a la totalidad de la oposición y permitieron que los presupuestos de Castilla y León continúen su tramitación. Las medidas pasan ahora al debate de enmiendas parciales.

El proyecto de ley de medidas contempla 36 rebajas tributarias y unos beneficios fiscales globales de 920 millones de euros. Esa cantidad incluye los incentivos existentes, además de las novedades previstas para el próximo ejercicio. La Junta calcula que estas ventajas alcanzarán a 704.000 contribuyentes, con actuaciones dirigidas a familias, jóvenes, autónomos y empresas.

La reducción del tipo mínimo de la tarifa autonómica del IRPF, del 9% al 8,75%, tendrá un alcance más amplio: el Ejecutivo estima que beneficiará a cerca de 1,45 millones de ciudadanos. Es una de las principales apuestas del Gobierno regional para aliviar la carga tributaria y aumentar la renta disponible de los hogares.

Las familias con hijos también figuran entre los destinatarios. El proyecto mejora un 40% las deducciones por nacimiento o adopción en el medio rural, hasta los 1.470 euros por el primer hijo, 2.170 por el segundo y 3.360 por el tercero y siguientes. Las cantidades se duplicarán cuando el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33%.

La vivienda incorpora otros incentivos. La deducción por alquiler para jóvenes en el medio rural pasa del 25% al 27%, mientras que la vinculada a inversiones en rehabilitación para alquiler asequible aumenta del 15% al 17%. El paquete amplía además el ámbito territorial de determinados beneficios a municipios de hasta 20.000 habitantes.

Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, defendió unas cuentas que generan "estabilidad, seguridad y confianza". El presupuesto asciende a 16.472 millones de euros, un 13,11% más que el último aprobado, correspondiente a 2024. El Ejecutivo busca cerrar así una etapa de prórrogas presupuestarias y disponer de nuevas cuentas desde enero.

La aprobación definitiva está prevista para el pleno de los días 15 y 16 de diciembre: será entonces cuando Mañueco pueda convertir las rebajas anunciadas en medidas aplicables.