Grave amenaza judicial sobre la hija de la fallecida Michu y José Fernando

No han pasado muchos días, como les venimos contando en ESdiario, desde la trágica noticia que sacudió Sanlúcar de Barrameda: Michu fue hallada sin vida en su domicilio. La pérdida conmocionó a quienes la conocían, pero sobre todo dejó en el aire una pregunta angustiosa: ¿qué pasará ahora con su hija Rocío, la niña que tuvo junto a José Fernando Ortega Mohedano?

Con José Fernando ingresado desde hace años en un centro hospitalario de Madrid, la incertidumbre es enorme. Y es ahora cuando una voz autorizada —la del abogado Javier Guerrero Guerrero— ha decidido alzar la mano para poner algo de luz en este complicado laberinto familiar y judicial.

“La custodia pasa automáticamente al otro progenitor”, explica Guerrero, “siempre que no haya una resolución judicial que limite sus derechos”. Sin embargo, nada es tan sencillo en esta historia.

La realidad es que José Fernando, aunque sigue ostentando la patria potestad, está institucionalizado desde hace años por sus problemas de salud mental. Una situación que, según matiza el letrado, puede impedirle ejercer de forma efectiva su rol parental. Y es entonces cuando entra en juego el engranaje institucional: Fiscalía de Menores, servicios sociales y, si es necesario, un juez.

El escenario que se abre ahora es complejo. Lo habitual, según apunta el abogado, es que se nombre una tutela legal o una guarda de hecho provisional mientras se analiza la situación del padre y se valora cuál es el entorno más adecuado para la niña. Todo ello bajo el escrutinio de la Fiscalía, que vela en estos casos por el interés superior del menor.

Y aquí surge otra clave: ¿quién se hará cargo de la pequeña Rocío de forma inmediata? La respuesta no siempre es clara. Si no existe testamento ni documento notarial que designe un tutor, como parece ser el caso, la ley permite que se proponga a un familiar “idóneo”. Lo más habitual, en palabras del abogado, es que sea la abuela materna quien asuma esa responsabilidad en un primer momento, aunque sea de forma provisional.

Pero en las familias, como en la vida, nada es tan automático. Guerrero advierte que este tipo de casos suelen derivar en conflictos entre ramas familiares. “Es frecuente que existan disputas entre la familia materna y la paterna. Cuando eso ocurre, es el juzgado quien tiene la última palabra, escuchando al Ministerio Fiscal y, si la menor tiene madurez suficiente, también a ella”, explica.

Uno de los elementos más sensibles en este rompecabezas legal es la voluntad de Michu antes de fallecer. Aunque se comentó en televisión que su deseo era que Rocío se quedase con la familia Ortega Cano, no hay pruebas firmes de que lo dejara por escrito. En este punto, el abogado es claro: solo si existiera un documento notarial o testamento con esa petición, ese deseo podría influir de forma decisiva en la resolución judicial. En caso contrario, serán solo indicios que el juez puede valorar… pero sin peso vinculante.

Y mientras todo esto se dirime entre despachos y tribunales, una certeza permanece: José Fernando sigue siendo el padre de Rocío, y aunque esté ingresado, conserva su vínculo legal. De hecho, si con el tiempo logra rehabilitarse y demostrar estabilidad, podría solicitar de nuevo la custodia a través de una modificación de medidas judiciales.

Por ahora, la niña queda en una especie de limbo afectivo y legal, con demasiadas incógnitas abiertas. Pero como tantas veces ocurre en este tipo de dramas familiares, será un juzgado quien tenga que decidir qué es lo mejor para ella. Una decisión que, como bien sabe Javier Guerrero, no se toma mirando los árboles genealógicos, sino escuchando lo que de verdad necesita la menor.