Juan Guerra: el hermano que tumbó al vicepresidente Alfonso y marcó al Gobierno de Felipe González

Alfonso Guerra nació en un hogar humilde de Andalucía, en una familia de 13 hermanos gestionada por sus padres, José Guerra y Ana González. Ocupaba el undécimo puesto y, como todos, empezó a trabajar desde muy temprana edad para contribuir a la precaria economía doméstica. Sin embargo, fue el único de los trece que completó el Bachillerato y cursó estudios universitarios en la Universidad de Sevilla, donde conoció a Felipe González. La amistad forjada allí y un objetivo político común los impulsó a fundar una iniciativa tras la muerte del dictador Francisco Franco, que siete años después, en 1982, los catapultó al Gobierno de España con una victoria electoral del PSOE.

Felipe González, también sevillano, permaneció como presidente del Ejecutivo hasta 1996, pero su aliado Alfonso Guerra se vio obligado a abandonar la vicepresidencia en enero de 1991, víctima del escándalo del ‘caso Juan Guerra’. A finales de los ochenta, este escándalo de corrupción se apoderó de las principales portadas de los medios y dejó boquiabiertos a muchos. Los famosos “cafelitos” que su hermano Juan compartía con visitantes en la Delegación del Gobierno del PSOE en Sevilla derivaban en comisiones cobradas en el local ‘La Raza’, configurando el tráfico de influencias más grave que afectó a un Gobierno socialista hasta entonces.

La bola de nieve, o de suciedad, empezó a engordar, llenó horas en radios y televisiones, cientos de páginas en los diarios, debates vergonzosos en el Congreso, y derivó en una serie de pesquisas por cohecho, fraude fiscal, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones que acabaron en los tribunales. Indudablemente, el más hábil de los Guerra fue Juan, designado según las investigaciones judiciales y policiales, para liderar al clan familiar. 

La revista Época destapó que Juan, auxiliar del Gobierno andaluz desde 1989, explotaba su parentesco para prestar favores a cambio de cuantiosas sumas. Sus contactos abarcaban cerca de un centenar de empresas inmobiliarias, y los beneficios por “ayudar” a estas firmas generaron sospechas de que parte se destinaba a financiar paralelamente al PSOE. Numerosas indagaciones periodísticas, archivadas en la hemeroteca, erosionaron la relación entre González y Guerra, marcaron el inicio de un declive socialista y alimentaron las sospechas de financiación irregular del partido, que crecía en militantes pero no en recursos.

El caso cobró tal relevancia que no se libró de una aventura del gran Francisco Ibáñez en el mismo año 1991: Mortadelo y Filemón contra el atasco de influencias. Unas influencias que ejercía un tal Juanito Batalla, un parecido claramente indisimulado del hermanísimo. Era un personaje grotesco, cutre, casposo, al nivel de las fotos en calzoncillos de Luis Roldán, pero resulta que, en ocasiones, el humor es la mejor vía para contar una mierda putrefacta como aquella. 

En 1987, el Parlamento aprobó la Ley de Financiación de Partidos Políticos para regular las cuentas y acabar con el “maletín” tradicional, aunque el PSOE perdía su vía de ingresos disfrazados a cambio de subvenciones públicas. Algunos estrategas socialistas idearon entonces un nuevo sistema. En Barcelona, un grupo de dirigentes fundó el conglomerado Filesa a partir de la sociedad Time Export S.A., propiedad del diputado Carlos Navarro y el senador José María Sala, ambos del PSOE. Esta red blanqueaba comisiones mediante facturas por estudios inexistentes, convirtiéndose en la principal vía de fondos ilegales del partido, junto a “conseguidores” como Aida Álvarez, Sotero Jiménez, Juan Carlos Mangana o Eduardo García Basterra (brazo derecho de Ramón Rubial). 

Las comisiones oscilaban entre el 1,5 % y el 4,5 % de las adjudicaciones, superando los 1.000 millones de pesetas, parte destinadas a campañas de 1989. Así, el PSOE vulneraba los topes de gasto electoral y competía en ventaja. El ‘caso Juan Guerra’ culminó con la revelación del ‘caso Filesa’, y la fase final del ejecutivo de Felipe González salió a escándalo diario: a los casos Flick y Filesa siguieron el caso Seat, el uso de los fondos reservados, el caso Ibercorp, los GAL, el caso Urralburu, la fuga de Roldán, el fraude del BOE, los «agujeros» de la Expo 92… .

Tras todos los procesos judiciales, después de la dimisión de Alfonso Guerra , ¿en qué quedó aquello? Juan Guerra afrontó seis procesos judiciales. Fue procesado por malversación y estafa, condenado inicialmente a prisión y multa en casos como Fracosur, aunque evitó la sanción alegando insolvencia y nunca ingresó en cárcel al ser posteriormente exonerado. También se le imputó tráfico de influencias, delito que no existía en el Código Penal de la época y que se incorporó precisamente a raíz de este caso.

Sorprendentemente para la mayoría, Juan Guerra fue absuelto de todas las acusaciones por delitos de corrupción, como los casos Litomed y Comasa, o como el caso Fracosur, por el que fue absuelto posteriormente por la Audiencia de Sevilla. En cuanto al que más morbo generó, el juicio por la usurpación de funciones en la delegación de gobierno, fue inicialmente condenado, pero el Tribunal Supremo lo absolvió en 1995. Solo fue condenado por delito fiscal (que no es poco, ni mucho menos) por un importe de 42 millones de pesetas, unos 253.000 euros, un delito por el que, además, se le condenó a dos años de cárcel, pena que fue suspendida en 2002 tras una larga serie de recursos y apelaciones.

Juan Guerra desapareció durante décadas para la opinión pública y volvió a aparecer en febrero de 2022, en una entrevista en 7TV Andalucía, donde se proclamó “inocente”, alegando ser víctima de una “operación de caza” y asegurando que mantenía “muy poca relación” con Alfonso, uno en Madrid y otro en Sevilla. Tenía entonces 80 años y declaró que en política "hay que seleccionar bien a las personas cuando le vas a encargar algo de importancia".