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La defensa de Julio Iglesias desacredita las pruebas: montaje político y sospechoso vídeo doblado

El cantante prepara una estrategia legal contundente a las acusaciones y pone en serias dudas la investigación periodística o la veracidad de los testimonios por alterar las voces.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo del año 2011.

Julio Iglesias, en una imagen de archivo del año 2011.Europa Press

David Lozano
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El que es el artista español más universal del último medio siglo —con decenas de millones de discos vendidos, giras inolvidables y una legión de admiradores que abarca generaciones— se encuentra hoy en el ojo de una tormenta sin precedentes en su carrera. Julio Iglesias, a sus 82 años, no solo ha visto cómo antiguas empleadas del hogar han presentado ante la Justicia denuncias por agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales, sino que la Fiscalía de la Audiencia Nacional en España ha abierto diligencias para investigar estos hechos, que habrían ocurrido en sus residencias del Caribe y otros lugares durante 2021.

La investigación periodística de elDiario.es y Univisión Noticias que destapó estas acusaciones apunta a que dos mujeres —identificadas con los pseudónimos de Rebeca y Laura— han relatado abusos que van más allá del acoso: tocamientos no consentidos, insultos, vejaciones y presiones para encuentros sexuales, acompañado incluso de humillaciones laborales sistemáticas en un entorno de desigualdad de poder absoluto. Según estos testimonios, recogidos tras años de trabajo periodístico, los hechos habrían ocurrido en mansiones del cantante en Punta Cana y Bahamas, lugares donde Iglesias pasaba temporadas y donde las condiciones de trabajo de las ex empleadas habrían estado marcadas por control constante, aislamiento y supervisión intensiva.

Estas acusaciones han generado una reacción en cadena que trasciende la mera polémica mediática. La Fiscalía no solo investiga presuntos delitos de agresión sexual, sino también posibles delitos contra los derechos de las trabajadoras, explotación laboral e incluso delitos conexos a la trata de personas. El caso, que empezó como un informe publicado por medios internacionales, ha alcanzado resonancia global, poniendo al icónico cantante en una posición que ningún mito del pop español imaginó en sus años de gloria.

Iglesias, por su parte, ha roto el silencio, tal y cómo les hemos contado en ESdiario.  

Ahora ha asumido su defensa el prestigioso letrado José Antonio Choclán, que ya elabora la estrategia legal. Según informaciones a las que ha tenido acceso en exclusiva ESdiario, los abogados del artista planean desmontar pieza por pieza las pruebas que han trascendido en la información periodística, desde grabaciones hasta testimonios, argumentando que la recopilación y presentación de esos materiales ha sido deficiente o incluso manipulada.

La defensa, según estas fuentes, está convencida de que se puede demostrar la inocencia de Iglesias ante la falta de evidencias directas y en un contexto en el que, sostienen, “las grabaciones y vídeos difundidos no cumplen con los estándares técnicos y legales mínimos”. Apuntan, además a un montaje político.

Que estos materiales estén doblados profesionalmente en lugar de simplemente distorsionar la voz para proteger identidades, como suele hacerse en casos de este tipo, ha generado dudas incluso dentro de algunos círculos jurídicos, avivando una polémica adicional sobre la veracidad y la fiabilidad de las pruebas.

Más allá del cruce de versiones, la sombra del escándalo ha divido ya opiniones en España con polarización política. Mientras que figuras como Isabel Díaz Ayuso han defendido la presunción de inocencia de Iglesias y han calificado ciertos ataques de “intento de linchamiento mediático”, voces de la izquierda, PSOE, Podemos, Sumar, Compromís ya dan por condenado al cantante sin respetar la presunción de inocencia.

Para Iglesias, que lleva años retirado parcialmente de la vida pública, este episodio puede convertirse en un punto de inflexión que marcará no solo su legado artístico, sino también su reputación personal. La investigación sigue abierta, las denunciantes están siendo citadas como testigos protegidos y, según fuentes jurídicas, el proceso judicial puede prolongarse meses hasta que se depuren responsabilidades y se analicen todas las pruebas aportadas.

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