Pujol, finalmente a juicio: la Audiencia Nacional rechaza el escudo médico y le permite seguir el proceso desde casa
El expresidente de Catalunya Jordi Pujol durante la presentación de su libro en febrero de 2023.
Tras años de evasivas, informes médicos, recursos y aplazamientos, la Audiencia Nacional ha decidido que Jordi Pujol, expresidente de la Generalitat y símbolo político del nacionalismo catalán durante décadas, se siente por fin en el banquillo. Lo hará, eso sí, desde la comodidad de su domicilio en Barcelona: un privilegio que el tribunal ha concedido en vista de su delicado estado de salud, pese a que la Fiscalía Anticorrupción reclama para él 9 años de cárcel por presunta corrupción.
El magistrado José Ricardo de Prada anunció al inicio de la vista que “el juicio se inicia con su presencia”, aunque matizó que cualquier modificación en su estado clínico obligaría a valorar si está “en condiciones” de continuar. Una puerta abierta a nuevas interrupciones, justo lo que temían quienes observan este proceso como el último gran ejercicio de rendición de cuentas de la era Pujol.
La salud como nuevo frente procesal
El arranque no ha estado marcado por las acusaciones, sino por la salud del exmandatario. Pujol compareció por videoconferencia, a puerta cerrada, para explicar su estado después de pasar varios días hospitalizado por una neumonía. Su figura no pudo verse, pero sí escucharse a través de la sesión cerrada.
El informe forense presentado por su defensa sostiene que su capacidad cognitiva está seriamente mermada: Alzheimer combinado con afectación vascular, un diagnóstico que, según los médicos, lo colocaría fuera de toda posibilidad de afrontar un juicio complejo. Su médico personal, el doctor Jaume Padrós, ha insistido en la idea: Pujol está “blandito”, en plena convalecencia y emocionalmente “tocado”. Un argumento sanitario que algunos ven como legítimo… y otros como la enésima línea de defensa del patriarca del clan.
La larga sombra del ‘clan Pujol’
Mientras tanto, el tribunal —formado por De Prada y las magistradas María Fernanda García y Mercedes del Molino— tendrá que aclarar si Pujol y sus siete hijos formaron durante años una estructura familiar destinada a ocultar dinero en Andorra y otras jurisdicciones opacas. La Fiscalía Anticorrupción pide penas que van desde los 8 hasta los 29 años de prisión para los descendientes del expresident, por delitos que incluyen asociación ilícita, blanqueo, falsificación, fraude fiscal y alzamiento de bienes.
Todo ello en un proceso que, para muchos, llega demasiado tarde: Pujol tiene 95 años, su estado es frágil y la posibilidad de que termine la causa en una condena efectiva es remota. Pero no por ello deja de ser un juicio simbólico, el cierre de un capítulo que marcó la política catalana y española durante décadas.
Ahora, la vista continúa. Y lo hace bajo una doble sombra: la de los presuntos millones ocultos por el clan… y la del temor a que el deterioro del expresident termine convirtiéndose en el gran protagonista del juicio que nunca quiso afrontar.