Pedro Sánchez y el Supremo: el miércoles 13, ante un letal varapalo legal

Muy sencillo. Así actúa este Gobierno de Pedro Sánchez cuando quiere cambiar España de forma estructural sin que nadie moleste: por Real Decreto, sin debate, sin votación en el Congreso y sin consultar a los españoles.

Hace poco más de un mes, Sánchez aprobó la regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes ilegales que lleven tan solo cinco meses en España. Según la oposición, los sindicatos policiales y muchos colectivos, un auténtico coladero legal que se está aplicando a toda velocidad mientras los tribunales deciden si es conforme a Derecho.

Y aquí está el meollo de la cuestión: todo apunta a que no se trata solo de un gesto humanitario. El plan parece diseñado para crear, a medio plazo, un nuevo bloque de votantes. Regularizar primero, dar papeles, facilitar el camino a la nacionalidad después y sumar apoyos electorales para un PSOE que cada día pierde más base autóctona. Ingeniería demográfica con cargo al contribuyente.

Hazte Oír fue la primera entidad en plantarle cara. Presentó recurso, tal y como hemos informado en ESdiario, ante el Tribunal Supremo y ha conseguido que el alto tribunal estudie este miércoles 13 de mayo si adopta medidas cautelares para paralizar el proceso hasta que se resuelva el fondo del asunto.

Porque el sinsentido es evidente: si dentro de unos meses el Tribunal Supremo declara ilegal el Real Decreto, ¿qué hacemos con los cientos de miles que ya hayan recibido los papeles? ¿Los volvemos a poner en situación irregular? El daño sería irreversible. Por eso es lógico y de sentido común suspender cautelarmente la aplicación mientras los jueces deciden, tal y como denuncian desde la mencionada entidad.

Mientras tanto, según denuncian, se están concediendo autorizaciones sin exigir en muchos casos antecedentes penales rigurosos ni prueba real de que vienen a trabajar. Un proceso acelerado que huele más a cálculo político que a gestión ordenada de la inmigración.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ya ha salido a defender su decretazo alegando “interés general”. El mismo interés general que no les importó cuando saltaron por encima del Congreso de los Diputados.

Este miércoles 13 de mayo el Supremo tiene en sus manos frenar temporalmente esta operación. Si acepta las cautelares, se parará la máquina de fabricar nuevos residentes hasta que haya una sentencia firme. Si las rechaza, el proceso seguirá a toda máquina.

Según Hazte Oír, lo que está en juego no es solo un procedimiento administrativo. Está en juego el control de las fronteras, el respeto al Estado de Derecho y la soberanía de los españoles para decidir quién entra y en qué condiciones en su propio país.

E inciden en denunciar que Pedro Sánchez ha elegido el camino fácil: gobernar por decreto y a golpe de hechos consumados. Ahora le toca al Tribunal Supremo recordar que en un Estado de Derecho hay límites, incluso para los presidentes que se creen por encima de las leyes.