El Gobierno desafía al Supremo y agita el miedo al "caos legal" si tumba la regularización masiva de inmigrantes

El Gobierno ha elevado la presión sobre el Tribunal Supremo para blindar la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada hace apenas unas semanas. En un escrito remitido al alto tribunal, la Abogacía del Estado sostiene que paralizar cautelarmente el decreto supondría abrir un “vacío legal” con consecuencias directas para decenas de miles de personas que esperan acceder al proceso de regularización.

La ofensiva jurídica del Ejecutivo llega después de que distintas organizaciones y administraciones hayan recurrido la medida ante el Supremo al considerar que el decreto puede provocar efectos irreversibles antes de que exista una sentencia firme. 

Entre quienes han presentado recursos figuran la Comunidad de Madrid, Vox y asociaciones civiles que cuestionan tanto la legalidad como el alcance de la iniciativa impulsada por Moncloa.

El Supremo, ante una decisión de alto voltaje político

En su defensa ante el tribunal, la Abogacía del Estado insiste en que una suspensión inmediata generaría inseguridad jurídica y dejaría en una situación de incertidumbre a miles de inmigrantes que ya residen en España. El Ejecutivo sostiene además que el impacto sobre los servicios públicos ya existe porque estas personas viven actualmente en territorio nacional, por lo que la regularización supondría, según su argumentación, aflorar situaciones administrativas y laborales ya presentes.

El choque llega en un momento de máxima tensión política y judicial alrededor de la política migratoria del Gobierno. Mientras el Ejecutivo trata de consolidar una de sus medidas más polémicas en materia de inmigración, los detractores del decreto denuncian que la regularización masiva puede actuar como efecto llamada y cuestionan que se haya impulsado por la vía extraordinaria.

El Tribunal Supremo deberá decidir ahora si adopta medidas cautelares contra el decreto mientras estudia el fondo de los recursos.