Liechtenstein desafía al príncipe Alois y aprueba despenalizar el aborto por un solo voto
El Parlamento de Liechtenstein ha aprobado la reforma con 13 votos frente a 12, pero el príncipe regente puede bloquearla. El pulso abre una crisis institucional en el pequeño Estado alpino.
Alois y Sofía de Liechtenstein.
Liechtenstein se adentra en un escenario político inédito. Su Parlamento ha dado luz verde a la despenalización del aborto durante las primeras doce semanas de embarazo, pero la decisión choca directamente con la posición del príncipe regente Alois, que ya ha dejado claro que se opone a la reforma.
La votación fue tan ajustada como el desenlace que ahora se abre: 13 diputados respaldaron la iniciativa y 12 votaron en contra. En una Cámara de solo 25 escaños, un único voto ha permitido sacar adelante una modificación legislativa que puede acabar provocando un importante enfrentamiento entre el Parlamento y la Casa Principesca.
La propuesta procede de una iniciativa ciudadana y no se limita a modificar la regulación penal del aborto. También contempla eliminar las restricciones existentes para informar sobre esta práctica y establecer su cobertura económica dentro del sistema sanitario público.
Pero el Parlamento no tiene necesariamente la última palabra. El príncipe Alois, de 58 años, ya ha manifestado su rechazo frontal al proyecto. Para justificar su posición, ha apelado al "bien jurídico central de la protección de la vida", una postura que coincide con la mantenida por la Iglesia católica y por el administrador apostólico de Vaduz, Benno Elbs.
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El jefe del Estado dispone ahora de un plazo constitucional de seis meses para promulgar la norma o dejar que caduque. El margen sitúa el momento decisivo antes de marzo de 2027. Si Alois mantiene su oposición, el país se enfrentará a un choque institucional de especial relevancia: el Parlamento habría aprobado una reforma respaldada por la mayoría de sus miembros, pero el príncipe utilizaría sus competencias constitucionales para impedir que entre en vigor.
Y es precisamente ahí donde Liechtenstein se diferencia de otras monarquías europeas. El príncipe tiene mucho más poder que otros monarcas europeos. La Casa Principesca no desempeña en Liechtenstein un papel meramente simbólico. El soberano conserva amplias competencias políticas, ejecutivas y legislativas y puede intervenir directamente en el proceso de aprobación de las leyes.
Gisela de Liechtenstein.
El origen de buena parte de estos poderes se encuentra en la reforma constitucional de 2003. Aquel año, el entonces príncipe reinante Hans-Adam II sometió a referéndum una ampliación de sus atribuciones y llegó a amenazar con abandonar el país y trasladar la residencia oficial de la familia a Viena si los ciudadanos rechazaban sus propuestas.
El 64,3% de los votantes respaldó finalmente la reforma. Desde entonces, el príncipe cuenta, entre otras facultades, con la posibilidad de vetar leyes aprobadas por el Parlamento y de disolver la Cámara. Unas competencias que explican por qué la actual disputa sobre el aborto puede terminar convirtiéndose en una crisis política de mayor alcance.
Un conflicto que recuerda al caso de Bélgica
El enfrentamiento entre un monarca y el Parlamento por una cuestión relacionada con el aborto tiene un precedente especialmente conocido en Europa.
Parlamento de Liechtenstein.
En abril de 1990, el rey Balduino de Bélgica se negó a firmar la ley sobre el aborto debido a sus convicciones católicas y a sus objeciones de conciencia.
La solución adoptada por las autoridades belgas fue excepcional. El Gobierno declaró al monarca temporalmente "imposibilitado para reinar" durante 36 horas. Durante ese periodo, el Consejo de Ministros asumió sus funciones y pudo promulgar la ley. Una vez superada la crisis, Balduino recuperó sus competencias.
Casi dos décadas después, Luxemburgo se encontró ante un problema similar. En 2008, el gran duque Enrique anunció que no estaba dispuesto a sancionar la ley de eutanasia aprobada por el Parlamento debido a sus reparos morales. En aquella ocasión, el Gobierno optó por modificar la Constitución y eliminar del procedimiento legislativo la referencia a la obligación del jefe del Estado de "sancionar" las leyes.
El caso de Liechtenstein, sin embargo, presenta una diferencia fundamental: las atribuciones de su príncipe son considerablemente más amplias.
Alois ya amenazó con vetar una reforma sobre el aborto
Además, esta no es la primera vez que Alois se enfrenta a la cuestión del aborto. En 2011, los ciudadanos de Liechtenstein acudieron a las urnas para decidir sobre una propuesta destinada a liberalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El 52,3% de los votantes rechazó entonces la iniciativa.
Pero el dato más llamativo llegó de boca del propio Alois. El príncipe había advertido antes de la consulta de que habría utilizado su poder de veto incluso si los ciudadanos hubieran votado mayoritariamente a favor de la reforma.
Los príncipes de Liechtenstien en un boda real en Jordania.
Ahora el escenario es distinto. La iniciativa ha conseguido superar el trámite parlamentario, aunque por la mínima, y vuelve a colocar al príncipe ante la posibilidad de ejercer sus poderes para frenarla.
Una de las legislaciones más restrictivas de Europa
La normativa actualmente vigente en Liechtenstein mantiene una regulación muy restrictiva de la interrupción voluntaria del embarazo.
Los médicos pueden enfrentarse a penas de hasta tres años de prisión por practicar un aborto, aunque la legislación contempla determinadas excepciones. Entre ellas figuran los casos en los que existe un riesgo grave para la vida de la mujer, cuando el embarazo es consecuencia de una agresión sexual o cuando la gestante es menor de 14 años.
El Parlamento ya ha dado su veredicto. Ahora todas las miradas están puestas en el príncipe Alois. Su decisión determinará si Liechtenstein inicia un cambio histórico en su legislación sobre el aborto o si, una vez más, el poder constitucional de la Casa Principesca se impone sobre una mayoría parlamentaria.