La Fiscalía da un giro en el caso Julio Iglesias y avala investigarlo

La investigación sobre las acusaciones contra Julio Iglesias afronta una nueva etapa judicial. La Fiscalía ha rectificado su postura inicial y considera ahora que la Audiencia Nacional puede ser competente para examinar la querella presentada por dos antiguas trabajadoras del servicio doméstico del cantante, que le atribuyen presuntos delitos de agresión sexual, trata de seres humanos y vulneración de los derechos laborales.

El cambio de criterio llega meses después de que la fiscal Marta Durántez archivara las diligencias al entender que los tribunales españoles no tenían jurisdicción para investigar unos hechos que, según las denunciantes, ocurrieron en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.

Según ha publicado eldiario.es, el nuevo informe de la Fiscalía ya ha sido remitido al magistrado Antonio Piña. Será el juez quien deba determinar si admite a trámite la querella y da paso a una investigación judicial. Por ahora, no consta que se haya adoptado esa decisión, por lo que el procedimiento continúa pendiente de este primer pronunciamiento.

Para entender el giro de los acontecimientos hay que remontarse a septiembre de 2025, cuando las dos mujeres presentaron una denuncia contra Julio Iglesias por hechos que situaron en 2021, durante su etapa como empleadas domésticas en sus residencias del Caribe.

Las denunciantes, cuya identidad permanece protegida, relataron presuntos episodios de acoso y agresiones sexuales, además de unas condiciones laborales que consideraban abusivas y degradantes. La denuncia también apuntaba a posibles delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, lesiones y vulneraciones de los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía les concedió la condición de testigos protegidos y tomó declaración a ambas. Sin embargo, tras examinar los hechos, la fiscal Marta Durántez decidió archivar las diligencias en enero de 2026 al considerar que no concurrían los requisitos necesarios para que la Justicia española pudiera intervenir.

Entre los argumentos expuestos figuraba la ausencia de vínculos suficientes con España. Durántez señaló que las denunciantes no eran españolas "ni viajaron con el denunciado en algún momento a España". A partir de esa circunstancia, sostuvo que no existía "vínculo personal o territorial con nuestro país" que justificara la intervención de los tribunales españoles.

En cuanto al cantante, la fiscal también argumentó que "ni reside en España, ni mantiene en este país su centro de vida, intereses, actividad".

La defensa de las mujeres lleva el caso a la Audiencia Nacional

Tras el archivo de las diligencias fiscales, la representación legal de las dos extrabajadoras decidió presentar una querella ante la Audiencia Nacional. Esta iniciativa abrió una nueva vía procesal para intentar que los hechos fueran examinados por un juez.

El procedimiento volvió inicialmente a manos de Durántez y de su superior, Jesús Alonso, pero ambos se apartaron del asunto después de un litigio con la defensa de Julio Iglesias, que les había reclamado acceso a las diligencias preliminares.

La revisión posterior del expediente ha desembocado en el cambio de criterio de la Fiscalía. El nuevo fiscal considera que sí existen fundamentos para sostener la competencia de los tribunales españoles a la hora de analizar las acusaciones.

La rectificación no implica, sin embargo, que las denuncias hayan quedado acreditadas ni que se haya abierto formalmente una investigación judicial. La cuestión que debe resolver ahora el magistrado es si la querella reúne los requisitos necesarios para ser admitida a trámite.

Qué puede pasar ahora con la querella contra Julio Iglesias

La decisión de Antonio Piña marcará el siguiente paso del procedimiento. Si el magistrado admite la querella, podrá iniciar una investigación judicial y acordar las diligencias que considere necesarias para esclarecer los hechos denunciados.

En cambio, si concluye que la Justicia española carece de jurisdicción, la querella podría no prosperar ante la Audiencia Nacional.

La controversia jurídica gira, por tanto, en torno a la posibilidad de que los tribunales españoles investiguen unos hechos presuntamente cometidos fuera del territorio nacional. El cambio de posición de la Fiscalía introduce un nuevo elemento en ese debate, pero no anticipa cuál será la resolución del juez.

Las acusaciones de las dos exempleadas

En su querella, las dos mujeres sostienen que Julio Iglesias habría aprovechado su posición de poder y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus residencias.

Según su relato, durante el periodo en el que trabajaron para el artista habrían sufrido situaciones reiteradas de acoso y presuntas agresiones sexuales, además de condiciones de trabajo que califican de forzosas y degradantes.

Los hechos descritos podrían encajar, siempre según las acusaciones formuladas y a expensas de lo que determine la Justicia, en distintos delitos: trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante e infracciones contra los derechos de los trabajadores.

La admisión de la querella permitiría al juez examinar estas acusaciones en sede judicial y determinar qué actuaciones procede practicar. Hasta que exista una resolución, las imputaciones deben mantenerse en el terreno de las denuncias pendientes de investigación.

El caso entra así en una nueva fase después del archivo inicial de las diligencias de la Fiscalía. La decisión que adopte la Audiencia Nacional será determinante para saber si las acusaciones contra Julio Iglesias pueden investigarse en España o si, por el contrario, el procedimiento queda frenado por una cuestión de jurisdicción.