Sánchez mantiene el sueldazo público al primo carnal de Zapatero y a la imputada Gertru

La oficina de José Luis Rodríguez Zapatero tiene solo dos trabajadores, pero sus nombres dicen mucho de la confianza que el expresidente deposita en quienes le rodean. No se trata de dos empleados escogidos al azar para atender las necesidades de un antiguo jefe del Ejecutivo, sino de dos personas de su círculo más estrecho: su primo carnal, José Miguel Vidal Zapatero, y María Gertrudis Alcázar Jiménez, la secretaria que lleva a su lado desde hace más de 25 años. Ambos continúan ocupando puestos financiados con dinero público mientras el expresidente se enfrenta a una delicada situación procesal en la Audiencia Nacional.

Presidencia del Gobierno mantiene a disposición de Zapatero un asesor de nivel 30 y una administrativa de nivel 18, nombrados a propuesta del propio expresidente. La fórmula está contemplada en la normativa que regula los medios de los que disponen quienes han ocupado la Presidencia. La cuestión, por tanto, no es que estos puestos sean ilegales, sino el debate político que plantea que los recursos públicos sigan sosteniendo a dos personas vinculadas durante décadas a su círculo personal y profesional.

En el caso de Vidal Zapatero, el parentesco es llamativo. Es primo carnal del expresidente y su trayectoria en el entorno socialista viene de lejos. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, donde ejerció como profesor de Derecho Constitucional durante más de quince años, se incorporó al Gabinete de la Presidencia del Gobierno en septiembre de 2004 como vocal asesor del Departamento de Asuntos Institucionales. En abril de 2008 fue nombrado director adjunto del Gabinete de Zapatero, con rango de subsecretario, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado.

Su relación profesional con el expresidente no se limitó a una responsabilidad administrativa. Durante aquella etapa fue uno de sus colaboradores de mayor confianza, participó en la preparación de discursos y trabajó en asuntos institucionales y políticos. Una relación de confianza que se prolonga ahora en la oficina que el Estado mantiene para Zapatero. La pregunta incómoda es inevitable: ¿hasta qué punto resulta razonable que la Administración siga pagando el personal elegido por un expresidente cuando sus vínculos con ese entorno forman parte de la actualidad judicial?

El otro nombre es el de Gertrudis Alcázar, conocida como Gertru, que trabaja con Zapatero desde el año 2000. Su puesto administrativo tiene asignado un complemento específico de 9.631,30 euros anuales, mientras que el del asesor de nivel 30 alcanza los 32.642,26 euros. Son complementos, no los sueldos completos: a esas cantidades se añaden el salario base y los demás conceptos retributivos correspondientes. La información oficial permite, en cualquier caso, constatar que se trata de puestos públicos con retribuciones relevantes.

La situación de Alcázar añade un elemento especialmente delicado. El juez de la Audiencia Nacional la acordó investigar en la causa de Plus Ultra, en la que también está investigado Zapatero por presuntos delitos relacionados con el tráfico de influencias, entre otras líneas de investigación. La decisión judicial no equivale a una condena ni acredita por sí misma la comisión de ningún delito, pero coloca a la secretaria en el centro de un procedimiento penal de enorme trascendencia.

Todo nos deja una reflexión, los expresidentes tienen derecho a determinados medios institucionales, pero el hecho de que la normativa lo permita no impide debatir si resulta conveniente mantener intacta esa estructura cuando el titular y una de sus colaboradoras afrontan una investigación judicial.