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Pedro Sánchez impulsa en secreto una nueva ley para acabar con la prensa crítica y libre
El Ejecutivo estudia una reforma legal que amordaza aún más a los medios libres. Una iniciativa que supone un ataque directo a la libertad de información. Lo ha revelado el eurodiputado Alvise Pérez
Pedro Sánchez,llega al Congreso de los Diputados, el10 de septiembre.
El presidente del Gobierno vuelve a poner la libertad de información contra las cuerdas. Según una exclusiva difundida por Alvise Pérez, La Moncloa ultima un anteproyecto que busca reformar tanto el Código Penal como la Ley de Seguridad Ciudadana para castigar con multas de hasta 30.000 euros –e incluso sanciones penales– a quienes sigan y pregunten a miembros del Ejecutivo con micrófonos o cámaras en espacios públicos.
El borrador, según ha adelantando en sus redes el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta, introduciría en el artículo 172 ter del Código Penal una modalidad agravada de acoso que se aplicaría a “actuaciones de vigilancia o seguimiento con finalidad de presión política o mediática, realizadas de forma insistente mediante instrumentos de grabación sonora”. En paralelo, se añadiría a la llamada “Ley Mordaza” una infracción grave que castigaría administrativamente a quienes “hostiguen” a cargos del Gobierno en la calle.
La medida va más allá: responsabilizaría también a plataformas digitales y medios no oficiales que difundan esos contenidos, con la posibilidad de suspender actividades online o retirar acreditaciones en actos públicos.
La excusa oficial sería frenar lo que denominan “acoso político-mediático”. Pero la sospecha es evidente: las preguntas incómodas de periodistas como Vito Quiles, Bertrand Ndongo, Tate o medios críticos a las puertas del Congreso han incomodado demasiado a Pedro Sánchez y a su equipo.
Constitucionalistas ya advierten del choque frontal con el artículo 20 de la Constitución, que protege la libertad de información. El propio Consejo de Estado y el CGPJ tendrían que emitir informes antes de que esta propuesta llegue al Parlamento, donde previsiblemente desatará una fuerte polémica.
El trasfondo político es claro: Pedro Sánchez busca blindarse de la crítica. Lo que hasta ahora era una práctica normal en democracia –que periodistas persigan a responsables públicos con preguntas directas– se convertiría en una conducta sancionable. Y no solo contra el periodista, también contra el medio que difunda esas imágenes.
Si este anteproyecto llega a materializarse, marcaría un giro inquietante hacia la censura y el control mediático, un paso más en la estrategia del Ejecutivo por reducir al silencio a la llamada “fachosfera” y a quienes no se alinean con el relato monclovita y su equipo de opinión sincronizada.
