El juez Villegas alarma a Moncloa: sitúa a Sánchez en el Supremo por “alta traición”
El conocido magistrado ha sido contundente y marca la hoja de ruta para que el presidente del Gobierno se siente en el banquillo por la invasión a Ceuta
Pedro Sánchez, en el Congreso este 3 de septiembre.
La invasión de Ceuta ha abierto una batalla política que amenaza con trasladarse definitivamente a los tribunales. Y en medio de este escenario, marcado por las acusaciones contra el Gobierno por su gestión de la entrada masiva desde Marruecos, aparece ahora una posibilidad que hasta hace poco parecía prácticamente imposible de imaginar: que Pedro Sánchez pudiera acabar respondiendo ante la Justicia por un supuesto delito de alta traición.
No significa que ese escenario esté ya en marcha ni que exista una acusación judicial contra el presidente del Gobierno por este delito. Pero sí que un magistrado ha explicado públicamente qué recorrido jurídico podría tener una eventual iniciativa de este calibre y qué tendría que suceder para que el jefe del Ejecutivo terminara sentado ante el Tribunal Supremo.
El juez Fernando Villegas ha sido quien ha puesto negro sobre blanco esta posibilidad. Su análisis llega precisamente cuando la investigación judicial sobre la actuación del Gobierno durante la crisis de Ceuta ha elevado considerablemente la tensión política y mientras PP y Vox mantienen estrategias diferentes sobre hasta dónde llevar la ofensiva contra Sánchez.
Villegas advierte de que el escenario resulta jurídicamente complejo y que no cualquier actuación política puede convertirse automáticamente en un delito de alta traición. Se trata de una figura penal reservada para supuestos muy concretos y sometida, además, a un procedimiento extraordinariamente exigente cuando el investigado es el presidente del Gobierno.
Ahí aparece una de las claves de la explicación del magistrado. El artículo 102 de la Constitución establece un procedimiento específico para exigir responsabilidad criminal al presidente. La iniciativa tendría que partir de una cuarta parte de los miembros del Congreso y necesitaría posteriormente una mayoría absoluta para salir adelante.
Es decir, no bastaría con que una formación política presentara una denuncia o con que una asociación acudiera a los tribunales. Para activar el mecanismo constitucional de responsabilidad criminal del presidente sería imprescindible superar una barrera parlamentaria considerable.
Y aquí se encuentra uno de los principales obstáculos de la ofensiva que se está planteando desde la derecha. Vox ha reclamado que se active el artículo 102 para estudiar una eventual acusación por traición, pero necesita el respaldo del Partido Popular para alcanzar los números necesarios. El PP, por ahora, ha optado por una estrategia diferente y apuesta por que las investigaciones judiciales sobre la crisis de Ceuta determinen responsabilidades antes de dar ese paso.
El propio Villegas introduce además una importante cautela. La alta traición no es una etiqueta política que pueda utilizarse para cualquier decisión del Ejecutivo que genere controversia. El delito está pensado para situaciones muy determinadas.
Pero la mera posibilidad ya ha provocado un nuevo terremoto político.
Porque la investigación sobre Ceuta ha colocado bajo el foco judicial decisiones adoptadas por el Gobierno durante una crisis que, según distintos informes policiales, pudo estar relacionada con una actuación coordinada desde Marruecos. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón investiga precisamente las circunstancias que rodearon aquella entrada masiva y las posibles responsabilidades derivadas de la gestión de la crisis.
El Gobierno, mientras tanto, ha defendido su actuación y Sánchez ha intentado cerrar filas alrededor de la versión oficial del Ejecutivo. Pero la publicación de informes policiales y las conclusiones sobre el papel que habría desempeñado Marruecos han abierto una nueva grieta política.
Y es ahí donde el escenario planteado por Villegas cobra especial relevancia. Si una investigación llegara a determinar la existencia de indicios de un delito cometido por el presidente en el ejercicio de sus funciones, el debate dejaría de ser exclusivamente político para entrar en un terreno constitucional de enorme trascendencia.
La cuestión sería entonces quién debe juzgar a Sánchez y bajo qué procedimiento.
La Constitución establece que la responsabilidad criminal del presidente del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.