Shakira gana a Hacienda y recuperará más de 60 millones: la AN desmonta las sanciones de 2011

Shakira ha conseguido imponerse en el último litigio que mantenía abierto con la Hacienda española, que ahora tendrá que reintegrarle más de 60 millones de euros por unas sanciones que la justicia ha considerado improcedentes. La sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la artista y ha dejado sin efecto el expediente mediante el cual se le exigía el pago de cerca de 55 millones de euros entre liquidaciones y multas. A esa cifra deberán añadirse los intereses generados, que, según fuentes judiciales, rondan los nueve millones. La resolución judicial determina que la cantante no debía ser considerada residente fiscal en España durante 2011. No obstante, este fallo no altera la causa penal por la que fue condenada posteriormente por irregularidades tributarias correspondientes a los años 2012 a 2014.

La intérprete ha reaccionado con satisfacción ante la decisión judicial y ha vuelto a criticar a la Agencia Tributaria mediante un comunicado de tono contundente, en el que evita mencionar la condena penal que aceptó: “Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto”, sostiene acerca de una sentencia centrada exclusivamente en su situación fiscal de 2011, etapa posterior al éxito de Waka-Waka —el tema oficial del Mundial de Sudáfrica, donde conoció al exfutbolista azulgrana Gerard Piqué— y coincidente con su gira internacional Sale el Sol.

La cantante, que pactó una pena de tres años de prisión por fraude fiscal relacionado con los ejercicios de 2012 a 2014 —reconociendo que debía tributar en España y aceptando además una multa de 7,3 millones de euros—, se presenta en el comunicado como perjudicada: “Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”.

Aunque decidió asumir la condena, en parte para evitar la celebración del juicio, la artista nunca ha dejado de cuestionar la actuación de la Hacienda española en todo el proceso: “Se me ha tratado como culpable (...) y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes”. “Mi mayor deseo”, añade, “es que este fallo siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos anónimos que cada día son abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad”.

Los inspectores de la Agencia Tributaria defendían que, ya en 2011, la cantante debía tributar como residente en España. Por ello elaboraron actas de liquidación que le exigían 24,7 millones de euros por el impago del IRPF —19,9 millones correspondientes a la cuota y 4,7 millones en intereses—, además de otros 2,6 millones por el impuesto sobre el patrimonio. A partir de esas resoluciones se abrieron también expedientes sancionadores por “infracción muy grave”, aplicando multas equivalentes al 125 % de la cuota supuestamente defraudada en ambos tributos. En conjunto, las cantidades reclamadas entre liquidaciones y sanciones se aproximaban a los 55 millones de euros. Aquel ejercicio fiscal de 2011, uno de los más exitosos económicamente para la artista, finalmente quedó fuera de la querella presentada por la Fiscalía debido a que el posible delito ya había prescrito.

163 días y una “relación”

Para que una persona sea considerada residente fiscal en España debe haber permanecido más de 183 días en el país durante un año natural. Hacienda únicamente consiguió acreditar 163 días, sumando tanto jornadas verificadas como los denominados días “presuntos”, aunque mantuvo que la cantante mantenía una “relación sentimental” con Gerard Piqué, había situado en España el centro de su vida y que la residencia fiscal en Bahamas alegada por ella carecía de fundamento real.

Representada por el abogado José Luis Prada, la artista recurrió la resolución administrativa ante la Audiencia Nacional, que finalmente le ha dado la razón. El tribunal considera que, aunque existía una relación con un ciudadano español, en 2011 “no existía vínculo conyugal”, entre otras razones porque tampoco había entonces “hijos menores” en común. “No existía un núcleo familiar”, señala la sentencia, que además considera no acreditado que España fuese el principal centro de actividad económica de la cantante, ya que durante aquella etapa —coincidente con la gira Sale el Sol— “desarrolló la mayoría de su actividad económica en el extranjero”.

La resolución concluye que la artista no tenía la condición de residente fiscal en España en 2011 y, por tanto, no estaba obligada a tributar en el país ni por IRPF ni por el impuesto sobre el patrimonio. En consecuencia, entiende que “las liquidaciones y sanciones” impuestas resultaban “contrarias a derecho”. Aunque la sentencia todavía no es firme —la Agencia Tributaria pedirá a la Abogacía del Estado que recurra ante el Tribunal Supremo—, el fallo deja sin efecto las resoluciones y ordena “la devolución de cantidades” a la cantante. Según fuentes judiciales, en su momento la artista pagó 27 millones de euros y aportó además un aval de otros 35 millones. A ello deberán añadirse los intereses acumulados hasta ahora, que superan los nueve millones de euros y que también tendrán que ser restituidos.