El Supremo ignora los comentarios "transfóbos" de Isabel García tras su cese por la trama de los puntos violeta

El Tribunal Supremo "ignora" pronunciarse sobre los comentarios 'transfóbicos' de Isabel García, la directora del Instituto de la Mujer que estuvo en el centro de la polémica por su trama con los contratos de los Puntos Violeta, tras el recurso presentado por la Plataforma por los Derechos Trans y Euforia Familias Trans-Aliadas contra el nombramiento de García para el citado cargo mediante un real decreto emitido el 27 de diciembre de 2023. El Alto Tribunal considera que, al haber sido cesada ya García, se ha producido la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, como pedía la Abogacía del Estado, pese a dar la razón a las asociaciones en la medida en que aclara que sí están legitimadas para recurrir la referida designación.

Las asociaciones pretendían que la Sala Tercera declarara ese real decreto "contrario a Derecho" por tratarse de "una persona inidónea" para ese puesto. Alegaban que tanto la formación como la experiencia profesional de García eran "insuficientes", si bien enfatizaban que García había mantenido "posiciones discriminatorias", negándose a "reconocer a las mujeres trans como mujeres", a las que —subrayaban— "deliberadamente desprecia".

Con todo, defendían que "la remoción de una persona claramente incompetente, sin formación ni experiencia y contraria a entendimientos actuales sobre las diferentes realidades y violencias que sufren los diferentes tipos de mujeres que viven en nuestra sociedad" tendría un "efecto positivo" para los intereses de ambas asociaciones.

La Abogacía del Estado, por su parte, pedía al Supremo que rechazara el recurso, esgrimiendo que las asociaciones carecían de legitimación activa por la "desconexión" entre su "objeto social" y las funciones del cargo de quien ostenta la Dirección del Instituto de las Mujeres.

Sobre esto, recordaba que "las funciones relativas a las políticas destinadas a garantizar los derechos del colectivo LGTBI no están residenciadas en el Instituto de las Mujeres, sino en la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ y en el Consejo de Participación de las Personas LGTBI".

Además, afirmaba que García tenía los conocimientos y la experiencia necesarios para el cargo, apuntando que la "verdadera causa" de la impugnación no estaba relacionada con eso, sino con lo que las asociaciones denunciaban como "posiciones discriminatorias", algo que los Servicios Jurídicos del Estado aducían que carecía de importancia por ser, en todo caso, "circunstancias metajurídicas".

Cuando el asunto se encontraba ya en fase de conclusiones en el Alto Tribunal, García fue cesada tras la polémica por los contratos que, junto a su pareja, habría obtenido de municipios gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta.

La Abogacía solicitó entonces al TS que declarara la pérdida sobrevenida del objeto del recurso, pero las asociaciones insistieron en que debía declarar la "ilegalidad" del nombramiento de García.