La Diputación llama a la unidad política en torno al 25 d'abril tras el ataque de Vox

La celebración del 25 d’Abril por parte de la Diputación de Valencia, desmarcándose de la postura de Les Corts y la Generalitat —que no han conmemorado esta fecha, como sí hicieron el año pasado— no ha pasado desapercibida. Hasta tal punto que la presidenta del Parlamento valenciano, Llanos Massó (Vox), ha atacado directamente al presidente de la corporación provincial, Vicent Mompó, por permitir este acto de celebración del autogobierno, centrado —según ella— “en lo que divide y no une a los valencianos”.

Ante esta tesitura, la Diputación ha querido apelar a la unidad política en torno a una fecha en la que se reivindican los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del territorio valenciano, arrebatados injustamente tras la Batalla d’Almansa.

El acto, organizado junto a Juristes Valencians, se ha celebrado en la sede de la institución provincial, con la participación de todos los grupos políticos con representación, salvo Vox.

En el discurso de apertura, bajo el título El 25 d’Abril: importancia institucional en los años 30 del siglo XX, la profesora de la Universitat de València (UV) Pilar Hernando ha recordado que durante la Segunda República hubo un valencianismo activo, sobre todo en la provincia de Valencia, con varios proyectos de estatuto de autonomía que compartían un denominador común: la recuperación de la personalidad propia y común del territorio del antiguo Reino de Valencia, el autogobierno y la capacidad legislativa en materia civil, dos siglos después de la abolición del derecho foral.

"Se había convertido en una reivindicación política e identitaria para la recuperación de los derechos de un pueblo humillado en la Batalla de Almansa, en la que lo perdió casi, o casi todo", ha expuesto. También ha destacado que en esos años "casi nadie se quedó inmóvil", con sucesivas movilizaciones a favor de la autonomía y del respeto a la lengua e historia valencianas.

"Llanos Massó no ha estado a la altura"

Desde Juristes Valencians, su presidente, José Ramón Chirivella, ha hecho notar que Les Corts "no han estado a la altura" por haber decidido no celebrar este año el 25 d'Abril, algo que ha achacado tanto a la presidenta, Llanos Massó, como a la Mesa del parlamento valenciano. También ha afeado a los partidos con representación en el Congreso que no secundaran su propuesta para reformar la Constitución para recuperar el derecho civil valenciano.

Chirivella ha exigido la derogación de los Decretos de Nueva Planta mediante la aprobación de una ley ordinaria en el Congreso, así como la eliminación de todas las calles de localidades de la Comunitat Valenciana que todavía tienen el nombre de Felipe V como Peñíscola o Elda: "Debemos cerrar de una vez ese pasado ignominioso que simboliza la figura de Felipe V".

Y ha llamado a que todas las instituciones pongan en valor el autogobierno, agradeciendo a la Diputació la organización de este acto, y a que los partidos unan fuerzas para la recuperación del derecho civil: "Es responsabilidad de todos".

Seguidamente se ha leído la moción aprobada por la Diputació para pedir al Congreso la derogación expresa de los Decretos de Nueva Planta del siglo XVIII que afectaron a los territorios de la Corona de Aragón. El presidente de la corporación, el 'popular' Vicent Mompó, ha explicado que se insta a defender el autogobierno contra la "discriminación" a los territorios de la Corona de Aragón en los Decretos de Nueva Planta.

Entre los grupos políticos, Reme Mazzolari (PP) ha emplazado al Congreso a aprobar una proposición de ley para derogar esos decretos que afectan las nacionalidades históricas valenciana y aragonesa, así como a los territorios catalán y balear. Neus Garrigues (PSPV) ha pedido que la tramitación de esta propuesta sea por la vía de urgencia, tras lo que Dolors Gimeno (Compromís) ha abogado por la organización de actividades desde la Diputació respecto al derecho civil.

Por último, la vicepresidenta de la institución, Natàlia Enguix (Ens Uneix), ha denunciado la tardanza de la Cámara Baja en impulsar esta reforma, algo que "recorta el autogobierno" respecto al derecho civil previsto en el Estatut d'Autonomia. Este acuerdo se remite tanto a los grupos del Congreso, Senado y parlamentos autonómicos como al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a la Federación de Municipios y Provincias y a la Casa Real.