La Delegación del Gobierno podría ser condenada (otra vez) por ocultar información clave
El Gobierno ya fue condenado por no facilitar información a Les Corts y usa ahora el mismo pretexto para no entregar la documentación de la Confederación Hidrográfica del Júcar
Pilar Bernabé
La Delegación del Gobierno podría enfrentarse una vez más a una condena administrativa por ocultar información, en este caso, clave para la investigación de la gestión de la dana. El patrón del PSOE cuando se le investiga es blindarse y negar la información. Con una condena ya sobre la espalda, podría enfrentarse a una segunda.
El Gobierno no solo silenció al presidente de la CHJ, el socialista Miguel Polo, porque más allá de esconderle lejos del foco mediático o no comparecer en la comisión de investigación, también se protegen negando la documentación decisiva sobre los avisos y alertas del día de la dana. Como ya adelantó este diario, la Delegación del Gobierno ha alegado que Las Cortes Valencianas no tienen derecho a conocer esa información, excusándose en un supuesto "exceso de competencias" al ser la CHJ un organismo estatal. Este pulso institucional entre las administraciones de distinto color político se salda con una falta de trasparencia de cara a los valencianos de un hecho trágico e histórico. Este derecho se encuentra recogido en el derecho positivo autonómico valenciano, en el artículo 12 del reglamento de Les Corts.
Este caso recuerda a otro ya juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en 2023 con sentencia condenatoria para la Delegación del Gobierno. La diputada autonómica, Eva Ortiz, demandó a la Delegación del Gobierno por negarle información. "Denunció la infracción del principio de legalidad y en particular del Estatuto de Autonomía Valenciano", según recoge la sentencia consultada por ESdiario.
La administración del Estado del PSOE ocultó la información alegando que no procedía facilitar los datos a través de Les Corts, sino que curiosamente aquellos que abanderan el autogobierno deslegitiman al parlamento valenciano y emplazaron a solicitarla a través de Las Cortes Generales dominadas por el propio PSOE, como ha vuelto a ocurrir ahora con la dana.
El TSJCV estimó el recurso de la diputada popular y condenó a la Delegación del Gobierno. Como indica el fallo, se anuló la "resolución por no ser la misma conforme a derecho, reconociendo su derecho a obtener el acceso a la documentación solicitada por el cauce parlamentario" y, además, se impuso una "condena en costas a la demandada".
Misma Delegación del Gobierno, similar solicitud de información y la idéntica respuesta. Los paralelismos entre ambos casos son evidentes. El patrón se repite. Si el caso de la iformación de la dana de la CHJ derivara en un nuevo recurso judicial, teniendo en cuenta el precedente anterior, la Delegación del Gobierno dirigida por Pilar Bernabé podría enfrentarse a una sentencia condenatoria por obstaculizar el acceso a la información parlamentaria, lo que supondría un revés institucional y político de primera magnitud.