La Damnatio, una mala costumbre en Valencia

La damnatio es un término que proviene del latín y se traduce como condena. Históricamente, este concepto se ha utilizado en diversas culturas y contextos para referirse a la deshonra pública o a la condena social de individuos, de por vida o más allá de la vida biológica, que en su día transgredieron normas legales. En la antigua Roma, por ejemplo, la damnatio memoriae era una sanción que implicaba la eliminación de toda referencia a una persona en registros públicos y privados, un intento de borrar para siempre su existencia de la memoria colectiva. Este fenómeno no solo tenía implicaciones personales para el castigado en sociedades arcaicas, sino que también reflejaba las dinámicas de poder y control social en las sociedades predemocráticas que lo aplicaban.

En tiempos recientes, el concepto de damnatio ha resurgido con fuerza en el discurso público, particularmente en el contexto de redes sociales, medios digitales y tertulias en España. La condena social ha tomado nuevas formas, donde individuos que en su día fueron acusados o condenados por ilícitos legales son objeto de campañas masivas de desprestigio. Sin embargo, es crucial cuestionar la legitimidad y la ética detrás de estas prácticas que muchas veces obedecen al pretendido aumento de audiencia, suscripciones digitales o traicioneros fines políticos mediante el ataque ad hominem.

La utilización actual de la damnatio puede ser vista como un mecanismo de control social que perpetúa ciclos de exclusión y estigmatización. Frecuentemente, quienes son blanco de estas condenas ven impedida su reintegración en el cursus honorum público del cual fueron legalmente excluidos. En lugar de fomentar un ambiente donde se priorice la rehabilitación del válido para el servicio público, se perpetúa una cultura del castigo, la estigmatización y el ostracismo.

Aquellos que utilizan, conscientemente o no, la damnatio suelen hacerlo con una aparente justificación moral. Argumentan que es necesario "hacer justicia" ante ofensas percibidas como intolerables. Sin embargo, esta postura es profundamente problemática. En primer lugar, plantea interrogantes sobre quién tiene la autoridad para determinar lo que merece condena pública y quién define los límites del justo cumplimiento de la pena, cuando para dictarla ya se ha demorado en exceso. La subjetividad inherente a estas decisiones puede dar lugar a abusos y a un uso manipulador del poder social, en el cual está comprendido el de los profesionales de los medios de comunicación.

Además, cuando muchos individuos sujetos a una damnatio han cumplido sus penas, están en el disfrute pleno de sus derechos políticos y sociales, y se han reintegrado en sus comunidades y en sus profesiones, ¿a qué viene fomentar el ostracismo? Inducir la negativa a seguir el cursus honorum público no solo es injusto, sino que también alimenta una narrativa destructiva que impide el avance hacia una sociedad más comprensiva y justa. A nuestro alcance tenemos ejemplos de personajes públicos en su tiempo condenados, pero que el tiempo borró el recuerdo del hecho delictivo y, en la actualidad, limpios de toda culpa, un vocero o una vocera saca a relucir un pasado con un fin deleznable como pueda ser, por ejemplo, la oportunidad de una noticia. El hecho causa más dolor que el que causó inicialmente, con una pregunta para explicarlo: ¿para qué? Una falta de ética del profesional que lo hace.

¿Quieren un ejemplo concreto? Hace un cuarto de siglo, uno de los catedráticos de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, reconocido en foros internacionales y cuyo trabajo intelectual ha creado escuela, fue condenado por maltrato psicológico a la que entonces era su consorte. Cumplió la pena y desde entonces su conducta social ha sido irreprochable. Pues bien, periódicamente es descalificado y estigmatizado públicamente porque tuvo la ocurrencia de ser diputado en el Congreso y proseguir dignamente su cursus honorum. No se estará de acuerdo con él por motivos políticos —a mí nunca se me ocurriría votarle mientras esté en las listas de Vox—, pero en ningún caso debe estigmatizársele por algo que pasó hace 25 años, cuando tiene por cumplida la pena que dictó una sentencia justa. Iría a descalificarlo por sus posiciones políticas, no a causa de una damnatio. Y como el de él, casos con menos años son objeto de justicieros y justicieras que vulneran conscientemente el artículo 25.2 de la Constitución Española.

La damnatio nos invita a reflexionar sobre las dinámicas sociales del poder y el castigo. Si bien es natural querer establecer límites ante comportamientos inaceptables, debemos tener mucho cuidado al permitir que este impulso se convierta en una herramienta para marginar y excluir del espacio público a personas justas por motivos injustificables. La verdadera justicia pública debe buscar no solo castigar sino también sanar, tal como establece la Constitución Española. Debe ofrecer oportunidades para el crecimiento comunitario que se logra, entre otras cosas, con la incorporación de aquellos que quieren servir con justicia y mesura a la comunidad. Solo así podremos construir sociedades más inclusivas y compasivas, cosa rara tal como andamos con el actual exceso de justicieros y justicieras que corren por redacciones, tertulias y calles.