La jueza de la dana 'echa un capote' a la CHJ contra la Guardia Civil dando más credibilidad a un perito del PSOE

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja encargada de la investigación acerca de la gestión de la dana, Nuria Ruíz Tobarra, vuelve a echar un 'capote' al Gobierno al cargar duramente contra el informe de la Guardia Civil que apuntaba a la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Aemet de haber incurrido en diversas negligencias en cuanto a los avisos aquella fatídica tarde del 29 de octubre. La magistrada, en un nuevo auto ha criticado el papel de la benemérita al considerar que se ha "extralimitado" en el ejercicio de sus funciones, pues afirma que no debería emitir valoraciones sobre posibles negligencias y les acusa de obviar pruebas ―como la un informe pericial realizado por un militante socialista que aseguraba que la Generalitat es la encargada de vigilar los barrancos― ya incorporadas a la investigación e iniciar una investigación paralela que no había sido pedida por ella.

La jueza, en su providencia publicada por la Cadena SER, señala que pidió una cronología objetiva de los hechos, pero en su lugar ha recibido un documento que emite valoraciones subjetivas y omite datos relevantes, algo muy alejado a lo que ella habría solicitado al Instituto Armado.

La titular considera el documento es "erróneo" desde el momento en el que ignora lo ocurrido en el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada) y no tiene en cuenta los testimonios recogidos en la causa, varios de los cuales apuntan a que tanto Aemet como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitieron alertas suficientes. Recuerda que la CHJ lanzó 24 avisos al Centro de Emergencias de la Generalitat el mismo día y activó una alerta hidrológica en el barranco del Poyo, que seguía vigente por la tarde.

Sin embargo, también hay algunas declaraciones de miembros del Cecopi, como la de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, en las que se afirma que todos los ojos, aquella tarde, estaban puestos en la presa de Forata y que nadie mencionó el barranco del Poyo, pese a estar presentes —de manera online— varios miembros de la CHJ en la reunión, entre ellos el presidente, Miguel Polo.

También critica que el informe omite las comunicaciones telefónicas mantenidas entre Aemet y el 112, y olvida por completo las advertencias publicadas en medios desde el día anterior, así como la decisión de la Universitat de València de suspender las clases por la previsión meteorológica. Para la jueza, el documento recoge una teoría ya descartada judicialmente y resulta "claramente incompleto".

Además, subraya que la responsabilidad de vigilar posibles desbordamientos recae en la Generalitat, conforme a la legislación autonómica sobre emergencias. Ruiz Tobarra lamenta que la Guardia Civil haya actuado por su cuenta, evaluando supuestas negligencias en lugar de limitarse a elaborar la cronología solicitada, e interfiriendo en aspectos ya resueltos por la Audiencia Provincial de Valencia.

Finalmente, una vez más, rechaza la petición del colectivo Liberum de investigar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, al considerar que no hay indicios de delito en su actuación durante la dana. No es la primera vez que la magistrada deniega las peticiones de imputación de Polo y obvia el papel clave que habría jugado la Confederación aquella tarde, a pesar de que ellos mismo reconocieron que hubo un 'apagón informativo' de al menos dos horas. 

Un perito socialista

Tobarra, para contrargumentar lo presentado por la Guardia Civil y afirmar que la Benemérita ha obviado que la Generalitat tiene la obligación de vigilar los barrancos ante posibles desbordamientos, cita el informe pericial elaborado por José María Gil e incorporado a la causa por la jueza. Este perito afirmaba que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, debió liderar la emergencia y considera que la Generalitat debió enviar más avisos, además de coordinar y liderar a los ayuntamientos afectados. A su entender, la falta de avisos aquella tarde "fue una sentencia de muerte". También acusan a la administración autonómica de actuar de forma "opaca" a la hora de aportarles información para su peritaje.

Sin embargo, lo que también se obvia de este informe que cita la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja es que está elaborado por un militante socialista que llegó a ser candidato en unas elecciones municipales. Gil, en una entrevista para La Opinión de Murcia, se presenta como un periodista vinculado a la actualidad política que se dedicaba a investigar los casos de corrupción del PP. Fue el candidato socialista a la alcaldía de Los Alcázares (Murcia) en 2015. Sin embargo, su aventura en política no le fue del todo bien, puesto que en las elecciones municipales de ese año no solo no consiguió arrebatarle la alcaldía al PP, sino que tampoco mejoró, en cuanto a concejales, el resultado de los socialistas.