¿Debemos seguir pagándo el sueldo a parlamentarios que no van a trabajar?
Las Cortes Valencianas estudian modificar el reglamento para recoger posibles sanciones para el abstentismo
La diputada de Compromís Paula Espinosa deposita una bandera palestina en el escaño de su compañero de grupo Juan Bordera, embarcado en la flotilla
La Global Sumud Flotilla ha puesto sobre la mesa una pregunta que merece respuesta inmediata: ¿por qué siguen percibiendo retribuciones públicas parlamentarias quienes, estando en activo como cargos electos, se ausentan de sus obligaciones parlamentarias durante semanas por participar en una expedición que termina en detenciones y repatriaciones? ¿Deberíamos como ciudadanos seguir pagándole el sueldo con dinero público a aquellos que se ausentan? Pueden opinar y participar en la encuesta de ESdiario en redes sociales.
Los hechos en bruto. En la flotilla han embarcado decenas de activistas de múltiples países, entre ellos cargos electos, diputados autonómicos, concejales españoles: Juan Bordera, diputado de Compromís en Les Corts Valencianes; Jimena González, diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid; Pilar Castillejo, diputada de la CUP en el Parlament de Cataluña; Jordi Coronas, concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona; y Lucía Muñoz, concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Palma. Y también parlamentarios extranjeros: Lynn Boylan, diputada irlandesa; Emma Fourreau, diputada francesa; Annalisa Corrado y Benedetta Scuderi, eurodiputadas italianas y Franciszek Sterczewski, diputado polaco.
ESdiario pudo confirmar que el diputado valenciano, Juan Bordera, no comunicó su viaje al Secreatriado de la Mesa de Les Corts ni ha solicitado la rescisión temporal de su retribución económica. Juan Bordera ha cobrado casi 3.000 euros desde que embarcó en el viaje en uno de los 40 barcos que componen la flotilla, o que al menos lo iniciaron. Preguntados por este periódico, Compromís intenta justificar su no suspensión del sueldo a que la participación de Bordera corresponde con una "acción política". De política, en realidad, sólo tiene la exposición y rédito político que está obteniendo a nivel personal. Porque la misión de la flotilla no es una acción política ni parlamentaria, sino una "misión humanitaria", una acción de voluntariado. Las polémicas y mediáticas paradas festivas en puertos de ciudades turísticas desvirtúan aún más esa supuesta "acción política".
Al tratarse de cargos electos que perciben asignaciones públicas, su ausencia prolongada plantea un problema de legitimidad y de regulación: el dinero sale del bolsillo de todos. El problema es la laguna legal existente en los reglamentos de los parlamentos para los casos de ausencias prolongadas. Las normas actuales contemplan suspensión del mandato por causas graves (p. ej. prisión, condena firme) y regulan asignaciones, pero no hay un mecanismo automático que haga caer la percepción económica por ausencias prolongadas no justificadas. La consecuencia práctica: un diputado puede seguir cobrando mientras no lo solicite a la Mesa o el órgano lo acuerde.
Según ha podido confirmar ESdiario, a raíz de las faltas de asistencia de Bordera, Las Cortes Valencianas están estudiando la posibilidad de introducir una modificación de su reglamento para añadir una disposición que recogiera sanciones para el absentismo.
¿Qué dicen los reglamentos de Les Corts, la Asambla o el Parlament?
- El Reglamento de la Asamblea de Madrid sí incluye sanciones por incumplir deberes de asistencia. El Artículo 33 del Reglamento expone: "Son infracciones el incumplimiento de los siguientes deberes de los Diputados: Dejar de asistir en tres ocasiones consecutivas o cinco no consecutivas, en el mismo periodo de sesiones, a las reuniones del Pleno, de las Comisiones o de cualquier otro órgano de la Cámara, sin justificación para ello y sin que se haya procedido a la sustitución del Diputado obligado conforme lo dispuesto en el artículo 64.2 de este Reglamento".
- El Parlament de Catalunya también recoge el absentismo: "Falta de asistencia injustificada de los miembros del Parlamento en las sesiones del Pleno o de las comisiones a las que están convocados. El absentismo puede ser sancionado a propuesta del presidente o presidenta del Parlamento".