El alcalde de Canet, denunciado ante el Tribunal de Cuentas por el presunto enchufe del subdelegado de Pedro Sánchez
Piden la apertura de una investigación con posibles consecuencias económicas y penales para Pere Joan Antonio Chordá, el socialista que impulsó al subdelegado del Gobierno mediante unas oposiciones que no se ajustan a la doctrina legal, según la Agencia Valenciana Antifraude
El alcalde socialista de Canet, Pere Joan Antoni Chordá
El alcalde de Canet de Berenguer, Pere Antonio Chordá, ha sido demandado ante el Tribunal de Cuentas por el polémico caso del presunto enchufe del actual subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Valencia, José Rodríguez Jurado. El escrito al que ha tenido acceso en exclusiva ESdiario apunta a posibles "consecuencias económicas y penales" por "no adoptar las medidas correctivas" que dictó la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).
La máxima autoridad del Estado en la provincia de Valencia, José Rodríguez Jurado, está en el punto de mira de Antifraude desde 2022 por la forma en la que obtuvo la plaza de funcionario en Canet, requisito que le permitió rápidamente acceder a su puesto actual como subdelegado de Pedro Sánchez. Un primer informe de la citada institución dictaminó que el proceso de oposiciones de Canet al que accedió Jurado no se ajusta a la doctrina legal. Se trataba de una "promoción per saltum" pasando de funcionario raso en el grupo C1 a la categoría A1 -el más alto- contraviniendo la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo citada por Antifraude. La agencia instó al Ayuntamiento de Canet a "revisar de oficio" el proceso. No lo hizo y Antifraude emitió un segundo informe advirtiendo del "incumplimiento". El alcalde socialista de Canet pidió revocar el dictamen de Antifraude. Y recientemente Antifraude ha vuelto a emitir un nuevo informe consultado por ESdiario en el que "deniega la solicitud" y, por ende, indica que "mantiene la necesidad de revisar los actos oficiales".
En consecuencia, la nueva denuncia dirigida ahora al Tribunal de Cuentas a la que ha tenido acceso en exclusiva ESdiario, apunta a que la 'protección' al elegido del Gobierno podría derivar en "responsabilidades administrativas, contables (económicas) y personales" para el alcalde.
"Sr. Pere Antoni no ha adoptado las medidas correctivas", expone la denuncia presentada ahora ante el Tribunal de Cuentas. El escrito recuerda que Antifraude le instó a "revisar de oficio" el proceso selectivo en cuestión y recoge una serie de fundamentos jurídicos, desde la Ley de la AVAF hasta sentencias del Supremo que indican la obligación de adoptar las medidas de Antifraude, así como la doctrina de la función pública.
Además, expone que el alcalde de Canet podría ser sujeto de responsabilidad personal "por la dirección y supervisión ineficaz y la omisión del incumplimiento de recomendaciones legales del órgano competente". También consecuencias económicas "por daños derivados del incumplimiento y persistencia de los hechos anulables". Incluso "responsabilidad disciplinaria o penal si se detectan indicios en los correspondientes informes".
Por todo ello, el denunciante pide al Tribunal de Cuentas "que se investigue" al alcalde.
El Ayuntamiento de Canet muestra "discrepancias jurídicas"
El Ayuntamiento de Canet explica que "la discrepancia entre la AVAF y el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer es únicamente una cuestión jurídica, en la que existen posiciones contrarias, en las que el Ayuntamiento defiende que la legislación si que permite el acceso a la escala A1 desde la posición de C1 y la AVAF entiende que sería necesario pasar por la escala de A2. La AVAF en ningún momento ha imputado al Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ninguna actuación irregular que podría ser objeto de un ilícito penal".
Respecto a la reciente denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas, el consistorio afirma que todavía no le ha sido comunicada. En cualquier caso, el consistorio defiende que "es absolutamente falso que el alcalde de la localidad haya ascendido de forma ilegal al hoy subdelegado del gobierno" por lo que "el consistorio ha declinado observar al entender que las bases del procedimiento selectivo se ajustan plenamente a legalidad".