El alcalde 'fake' de Gilet, contra las cuerdas: denuncian un sistema de cuotas "ilegales"
Los vecinos de una urbanización en pie de guerra contra el gobierno municipal del socialista Salvador Costa por su "fake system recaudatorio de dudosa legalidad"
El alcalde de Gilet, Salvador Costa
La gestión del actual alcalde socialista de Gilet, Salvador Costa, suma un nuevo frente judicial. Después de protagonizar un escandaloso episodio al descubrirse que plagió hasta las vivencias personales del discurso de investidura de otro alcalde o la reciente polémica por el doble pago del hogar del jubilado, Costa afronta ahora una denuncia por un "sistema de cuotas ilegales".
El ex presidente de la Urbanización La Paz de Gilet, en nombre del colectivo de vecinos, ha presentado un recurso de reposición que pone en entredicho "la legalidad urbanística del consistorio y la coherencia del equipo de gobierno", según afirman fuentes conocedoras del caso.
La problemática nace de una contradicción administrativa "de manual". En 2018, tanto el alcalde como la secretaria municipal dictaron y firmaron un decreto de Alcaldía que obligaba a los propietarios -cuyos terrenos no tenían la condición de solar por falta de aceras- a finalizar dichas obras de forma individual.
Sin embargo, en 2024, el equipo de gobierno ha dado un giro de 180 grados, ignorando sus propios actos administrativos previos. Ahora, el Ayuntamiento de Gilet ha impuesto unas "cuotas de urbanización" que los vecinos califican de "inventadas" y que "forman parte del fake system recaudatorio de dudosa legalidad", afirman las mismas fuentes.
Las claves del recurso
El recurso presentado por el ex presidente de la comunidad de vecinos destaca tres presuntas "irregularidades flagrantes" que podrían anular todo el proceso:
1. Presunta "omisión de exposición pública": El Ayuntamiento habría tramitado la imposición de cuotas "sin el preceptivo periodo de exposición pública y alegaciones que exige la ley (LOTUP)". Según expone el recurso, esto "ha dejado a los ciudadanos en total indefensión, sin posibilidad de verificar si los costes que se les pretenden cobrar son reales o inflados".
2. Los vecinos denuncian que el suelo ya es "Urbano Consolidado". De hecho, en 1988 el propio Ayuntamiento subastó parcelas asegurando que estaban "libres de cargas", por lo que pretender cobrar de nuevo por la urbanización supone un doble cobro ilegal.
3. Vía Contencioso-Administrativa: los afectados, ya constituidos en asociación, han llevado el caso a los tribunales denunciando esta supuesta irregularidad administrativa.
Un asesoramiento "bajo sospecha"
Desde el entorno de los afectados señalan que este "caos urbanístico" no es casualidad. Apuntan a que el alcalde se apoya en los mismos asesores que permitieron el escándalo del plagio de sus discursos. "Si copian las palabras para un acto institucional, qué no harán con los expedientes urbanísticos", señalan.
Este nuevo escándalo en la Urbanización La Paz parece ser solo la punta del iceberg de una legislatura marcada por la polémica, a la que pronto se sumarán nuevas revelaciones sobre las presuntas "irregularidades" en el "Balcón de la Peña".