De Fitur al turismo político

Estos días hemos visto a la Mancomunitat de l’Horta Sud participar en FITUR, la gran feria internacional de turismo. Y conviene decirlo con claridad: promocionar nuestra comarca es positivo. Tenemos pueblos con identidad, comercio de proximidad, gastronomía y una forma de convivir que merece darse a conocer para atraer visitantes y generar oportunidades económicas.

Hasta ahí, nada que objetar.

La incomodidad aparece cuando, junto a ese turismo que genera riqueza, empieza a consolidarse otro fenómeno mucho menos útil para los vecinos: lo que podríamos llamar, sin demasiada exageración, turismo político.

Ese que llega cuando ya no hay barro en las calles, cuando la emergencia desaparece de las portadas y la tragedia puede convertirse en relato amable. Entonces aparecen visitas institucionales, recepciones y agendas públicas que producen fotografías y titulares, pero que apenas cambian la vida diaria de quienes siguen esperando soluciones reales.

La reciente visita de Gabriel Rufián ha provocado precisamente esa sensación entre muchos vecinos. Porque conviene hablar claro: su presencia puede tener interés político y mediático, pero carece de capacidad real para resolver los problemas de la comarca. No decide inversiones municipales, no coordina emergencias ni puede acelerar la recuperación de nuestros pueblos.

Sin embargo, se le recibe con agenda institucional, protocolo oficial y hasta con obsequios simbólicos, intentando convertir la visita en un acto relevante mientras siguen pendientes actuaciones básicas que afectan directamente a los vecinos.

Y estas decisiones no se producen por casualidad. Alguien decide qué se convierte en prioridad institucional y qué no. Y ahí la responsabilidad recae inevitablemente en la presidencia de la Mancomunitat y, por tanto, en el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes.

Cada vez son más los vecinos que perciben que la Mancomunitat ha dejado de ser una herramienta útil para los municipios y se ha convertido en un escaparate político. El caso del ADN canino lo resume con crudeza: aprobado a finales de 2022 con un coste superior al millón de euros, se presentó como una política pública innovadora y ejemplar. Hoy, más de dos años después, los municipios siguen sin notar sus efectos. Ni mejora visible del servicio, ni solución efectiva del problema que se decía combatir, ni retorno tangible para los vecinos. Solo queda el dato incontestable: más de un millón de euros de dinero público gastados y una sensación cada vez más extendida de que fue más propaganda institucional que gestión eficaz.

Y mientras tanto, en Sedaví, la percepción vecinal es todavía más amarga. Mientras el alcalde proyecta actividad institucional fuera del municipio y protagoniza agendas y actos supramunicipales, muchos vecinos sienten que la recuperación y las actuaciones pendientes en su propio pueblo avanzan con una lentitud difícil de justificar.

La pregunta resulta inevitable: ¿puede un alcalde dedicar más energía a sostener una agenda institucional y una proyección pública constante mientras su propio municipio sigue esperando soluciones concretas? Porque no se trata de rechazar relaciones institucionales ni de negar la utilidad de promocionar el territorio, sino de recordar algo básico: las instituciones existen para resolver problemas reales, no para alimentar agendas políticas ni construir perfiles personales.

La comparación con FITUR vuelve a ser reveladora. Allí se trabaja para atraer visitantes que generen oportunidades. Aquí, en cambio, a veces parece que se fomenta un turismo político que deja titulares, fotografías y gestos, pero ninguna solución concreta.

Tal vez solo haga falta volver a lo esencial: menos escaparate y más gestión. Menos protocolo y más resultados. Menos foto y más trabajo.

Porque, cuando las visitas se marchan y los focos se apagan, quienes se quedan son los vecinos.

Y los problemas, cuando no se resuelven, también.