Un muerto en la dana vale 4 veces menos que uno de 'memoria': el Gobierno vuelve a marginar a las víctimas de Valencia

Un muerto en la dana vale 4 veces menos que uno de memoria democrática. Así de claro. La política también se mide en euros. Y cuando se trata de víctimas, cada cifra es un mensaje. El último movimiento del Ministerio de Política Territorial que dirige Ángel Víctor Torres ha reabierto una herida que en Valencia nunca terminó de cerrarse: la diferencia abismal entre lo que el Gobierno paga a unas víctimas y a otras. La conclusión es incómoda: no todas las muertes reciben el mismo respaldo económico del Gobierno de Pedro Sánchez.

El Gobierno de Sánchez a través de Ángel Víctor Torres ha aprobado indemnizaciones de hasta 250.000 euros para personas fallecidas o con lesiones incapacitantes “por su actividad en defensa y reivindicación de la democracia”, ampliando además el ámbito temporal hasta 1978. La comparación con la dana que asoló Valencia es inevitable: las familias de los fallecidos por la riada percibieron 72.000 euros. La diferencia es objetiva y cuantificable: una víctima reconocida en el marco de memoria democrática puede recibir más del triple, incluso cerca de cuadruplicar, la compensación otorgada a quienes murieron bajo el agua en Valencia.

El Gobierno de Sánchez ha elevado así la cuantía que en su día fijó la Ley 52/2007, que establecía 135.286 euros por fallecimiento. Ahora el tope alcanza los 250.000 euros. Esa actualización, sin embargo, no se ha replicado para las víctimas de la dana de Valencia. No es la primera vez que surge la polémica por las diferencias en las indemnizaciones. En la tragedia ferroviaria de Adamuz, el Gobierno aprobó 216.000 euros por fallecido, frente a los 72.000 euros de la riada valenciana. En aquel momento, el argumento oficial fue que la base indemnizatoria era la misma, pero en el caso ferroviario se sumaban las cuantías procedentes de los seguros obligatorios del transporte.

Sin embargo, en esta nueva ampliación vinculada a la memoria democrática, la diferencia no depende de aseguradoras privadas, sino de una decisión política directa sobre el baremo público del propio Gobierno de Sánchez. El debate no es jurídico, sino político y moral: ¿debe el Ejecutivo establecer categorías económicas entre víctimas? Para muchos fallecidos por la dana de Valencia el contraste supone un agravio comparativo difícil de digerir. Porque la riada no fue una abstracción histórica ni un episodio lejano como la 'memoria democrática': fue una tragedia reciente, con nombres y familias, y esas víctimas recibieron 72.000 euros. Mientras tanto, la actualización de las compensaciones por memoria democrática alcanza los 250.000 euros ¿Por qué su pérdida vale menos?