tribunales
Abierto el juicio oral contra Mónica Oltra por el supuesto encubrimiento de abusos de su ex
La apertura de la causa judicial se produce después de que la Audiencia de Valencia, hace unos días, ordenara, tras aceptar el recurso de una de las acusaciones particulares, seguir con el procedimiento pese al criterio de la Fiscalía y los jueces instructores.
La exvicepresidenta Primera, exconsellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, y exportavoz del Gobierno de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra
La causa judicial sobre la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana dará finalmente el salto al banquillo. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha acordado la apertura de juicio oral contra la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y contra otras doce personas que formaban parte de su equipo en la Conselleria de Igualdad durante el gobierno del Botànic. La decisión llega después de que la Audiencia Provincial de Valencia ordenara continuar con el procedimiento pese al criterio contrario de la Fiscalía, que no veía indicios de delito.
El auto, dictado por la jueza sustituta del juzgado, responde a las peticiones formuladas por las acusaciones populares ejercidas por Vox y Gobierna-te, así como por la representación legal de la víctima. En total, trece personas se sentarán en el banquillo, entre ellas Oltra y varios cargos y técnicos de la Conselleria, como psicólogas, responsables de servicio y sección, una directora territorial, una directora general y una subdirectora general.
Delitos que se investigarán en el juicio
A los acusados se les atribuyen distintos delitos relacionados con la gestión del caso tras conocerse los abusos que habría cometido el exmarido de Oltra entre 2016 y 2017. Entre ellos figuran prevaricación, malversación, delito contra la integridad moral, omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento y abandono de menores, según recoge el auto judicial.
Además, la magistrada ha fijado una fianza conjunta y solidaria de 120.000 euros para los trece investigados. En caso de no depositar la cantidad en el plazo establecido, el juzgado advierte de que podrá proceder al embargo de bienes suficientes para cubrirla. Asimismo, se declara la responsabilidad civil subsidiaria de la Generalitat Valenciana.
Un procedimiento cerrado y abierto
La investigación ha estado marcada por varios giros judiciales desde que se inició. En 2024, el juzgado instructor decidió archivar la causa al considerar que no existían indicios de delito, una posición que también compartía la Fiscalía.
Sin embargo, la Audiencia de Valencia estimó los recursos presentados por las acusaciones populares y ordenó reabrir el procedimiento. El juez instructor continuó con la investigación por lo que definió como un “imperativo legal”, derivado de la decisión del tribunal provincial.
Un año después, en 2025, el juzgado volvió a rechazar la apertura de juicio oral y acordó nuevamente el sobreseimiento provisional del caso. Incluso en diciembre de ese mismo año ratificó su postura al desestimar nuevos recursos de las acusaciones.
La situación cambió cuando estas recurrieron de nuevo ante la Audiencia Provincial. El tribunal volvió a intervenir y determinó que debía abrirse juicio oral al considerar que no se puede impedir a las acusaciones llevar el caso a juicio cuando existe una posibilidad razonable de que los hechos puedan ser constitutivos de delito.
En su resolución, la Audiencia llegó a señalar que el razonamiento del instructor para archivar la causa incurría en contradicciones con decisiones anteriores, lo que justificaba que el procedimiento continuara hasta el juicio.