Salomé Pradas reprocha a la jueza de la dana "falta de imparcialidad" por no dar las transcripciones

La defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha dado un paso más en la causa por la gestión de la dana al recurrir la decisión judicial que le niega una transcripción literal de su declaración, poniendo el foco no solo en la indefensión que, a su juicio, sufre, sino también en la falta de imparcialidad de la magistrada. El recurso sostiene que impedir el acceso a un documento completo, con preguntas y respuestas desglosadas, mientras tampoco se facilita la grabación supone dejar a la defensa “sin herramientas reales”, lo que vulneraría el derecho a un juicio justo. Pero va más allá: el escrito denuncia que esta negativa resulta “arbitraria” y genera una “apariencia de falta de imparcialidad” por parte del juzgado.

El argumento central es claro: si no pueden disponer del soporte audiovisual, la transcripción íntegra es el único instrumento válido para analizar con precisión lo ocurrido en esas diligencias clave. Sin embargo, el juzgado ha rechazado esta petición apoyándose en resoluciones anteriores, algo que la defensa considera desfasado, ya que actualmente existen medios técnicos suficientes para ofrecer ese nivel de detalle. Pero más allá del debate técnico, el escrito introduce un elemento mucho más delicado: la sospecha sobre la neutralidad del órgano judicial. La defensa de Pradas habla abiertamente de una “apariencia de falta de imparcialidad objetiva”, al entender que se está limitando su acceso a pruebas fundamentales, lo que rompe el principio de igualdad de armas entre las partes.

En esta línea, advierten de que decisiones como esta no solo afectan a la estrategia de defensa, sino que pueden erosionar la confianza en el propio proceso judicial. Recuerdan que, en un procedimiento de gran trascendencia como este, el juez debe actuar como árbitro imparcial y garantizar que todas las partes cuenten con las mismas herramientas para defender sus intereses.

Por ello, insisten en que negar una transcripción completa cuando el propio juzgado dispone de medios para elaborarla resulta “arbitrario” y carente de justificación, además de suponer un perjuicio directo para la investigada, a la que, subrayan, le ampara la presunción de inocencia. En definitiva, la estrategia de la defensa da un giro significativo: ya no se trata solo de acceder a más información, sino de poner en cuestión las reglas del juego y la equidad del proceso, dejando en el aire una duda de fondo sobre si se está garantizando un juicio realmente justo.