Colas, tensión y caos en Valencia: la regularización de Sánchez colapsa el Ayuntamiento que reprocha la "chapuza"

La imagen de estos días en el Ayuntamiento de Valencia, en concreto en la calle Arzobispo Mayoral tras el consistorio, es difícil de disimular: largas colas, esperas interminables y momentos de tensión a las puertas de las oficinas municipales. La primera semana del proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha arrancado con un escenario que el propio equipo de María José Catalá califica sin rodeos: “una chapuza”.

El colapso ha sido tal que el Ayuntamiento de Valencia ha tenido que reforzar de urgencia tanto el padrón como el registro municipal, además de aumentar la presencia de Policía en los accesos ante la avalancha de personas. Una situación que, lejos de ser puntual, amenaza con convertirse en la tónica general si no hay cambios inmediatos. El portavoz del Gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha sido especialmente duro al señalar directamente al Gobierno de Sánchez, denunciando “improvisación, falta de planificación y absoluta falta de coordinación”, y acusa al Ejecutivo central de trasladar toda la carga del proceso a los ayuntamientos sin dotarlos de medios.

El problema, según señala el gobierno municipal de María José Catalá, no es sólo organizativo, sino estructural. La regularización masiva de inmigrantes ha generado un efecto llamada que está desbordando los servicios municipales del Ayuntamiento de Valencia. “Somos los ayuntamientos los que estamos sufriendo este colapso en todos nuestros servicios”, advierte Juan Carlos Caballero, que reclama que sean las Delegaciones del Gobierno y las oficinas de Extranjería quienes asuman el liderazgo del proceso.

La situación se agrava con un fenómeno añadido: la llegada de personas desde otros municipios del área metropolitana, algunos gobernados por el PSOE donde, según denuncia Juan Carlos Caballero, que no se están tramitando estos empadronamientos especiales por la regularización masiva de inmigrantes. Resultado: más presión sobre una administración local ya saturada. Desde el Ayuntamiento de Valencia insisten en que no se trata de una cuestión ideológica, sino de gestión. “No se puede poner en marcha una medida de esta magnitud sin contar con los ayuntamientos, sin hablar con los servicios sociales, sin prever recursos”, subraya el equipo de María José Catalá. El trasfondo es claro: una medida de enorme impacto social que ha sido lanzada por el Gobierno de Pedro Sánchez sin la infraestructura necesaria para sostenerla. Y mientras tanto, las consecuencias se ven en la calle y la pagan los ayuntamientos: colas, incertidumbre y administraciones desbordadas.