La Policía Nacional colorea la cara a Sánchez por la regularización: "Es un colapso y difícil comprobar antecedentes"

La última apuesta de la regularización masiva de medio millón de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez ha encendido todas las alarmas en la Policía Nacional. Lejos del relato oficial, los sindicatos policiales como Jupol o el SUP dibujan un escenario mucho menos amable: colapso administrativo, falta de medios y serias dudas sobre la capacidad real de controlar los antecedentes de quienes se verán beneficiados por la regularización.

Desde organizaciones de la Policía Nacional como Jupol o el SUP denuncian que la regularización de medio millón de inmigrantes del Gobierno de Pedro Sánchez se ha aprobado “de espaldas a los profesionales” y sin una planificación mínima. Traducido: una decisión política de gran calado tomada sin contar con quienes tienen que aplicarla sobre el terreno. Y eso, en materia de seguridad, suele ser una mala combinación. El principal problema que señalan es claro: una avalancha de expedientes sin refuerzo de personal. La regularización implicará multiplicar trámites, verificaciones y controles en las unidades de Extranjería y Fronteras, ya de por sí saturadas. “Un incremento exponencial” de trabajo, dicen, sin que el Gobierno haya anunciado ni un solo refuerzo.

Pero hay más. Los sindicatos de Policía Nacional advierten de que, en la práctica, el modelo del Gobierno de Sánchez puede acabar acelerando trámites a costa de relajar controles. Y ahí es donde entra el elemento más delicado: la verificación de antecedentes penales de los inmigrantes a regularizar. Sin acceso efectivo a bases de datos internacionales o con limitaciones en la información de origen, el filtro de seguridad se convierte, según denuncian, en poco más que un trámite burocrático.

El diagnóstico de sindicatos como Jupol o SUP de la regularización de inmigrantes del Gobierno es contundente: sin controles sólidos, sin coordinación europea y sin medios adicionales, el sistema puede perder capacidad para detectar perfiles de riesgo. Es decir, lo que se presenta como una medida humanitaria por parte de Pedro Sánchez podría acabar trasladando toda la presión a la Policía Nacional y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Desde el sindicato CEP de Policía Nacional van incluso más allá y alertan de una posible “brecha en la seguridad pública”, cuestionando que se pueda asumir una regularización de inmigrantes de tal magnitud que podría afectar a más de un millón de personas con las reagrupaciones sin garantías reales de control. Además, ponen el foco en otro efecto colateral: el riesgo de que España actúe como excepción dentro del espacio Schengen. Personas con órdenes de expulsión en otros países podrían acabar regularizadas aquí, generando un efecto llamada y desdibujando los mecanismos de control europeos.

En definitiva, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez vende la regularización masiva de inmigrantes como un avance social, desde la Policía Nacional y sindicatos como Jupol, SUP y CEP advierten de que puede convertirse en un problema operativo de primer orden. Porque cuando la política va más rápido que la capacidad de control, el resultado no suele ser integración sino caos e incertidumbre.