El PP lleva al Senado una moratoria para parar todos los derribos de la Ley de Costas y pide que se actualice la norma de 1988
Seis comunidades gobernadas por los populares, entre ellas la Comunitat Valenciana, respaldan en la Comisión de Comunidades Autónomas la suspensión de demoliciones y reversiones mientras se negocia una revisión en profundidad de la legislación del litoral
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, junto con el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, y consejeros de varias CCAA, entre ellos, el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras y medio ambiente, Vicente Martínez Mus
El PP ha puesto en marcha este miércoles en el Senado una ofensiva coordinada contra la Ley de Costas que une a seis comunidades autónomas del litoral gobernadas por los populares: Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares. La iniciativa, presentada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, plantea una moratoria inmediata para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre y la suspensión de cualquier acción de reversión, ocupación, caducidad o demolición que pueda afectar a propietarios y concesionarios. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y la sacará adelante en comisión antes de elevarla al Pleno para su convalidación definitiva.
La portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, ha explicado que la moratoria afectaría a todas las edificaciones que puedan sufrir "cualquier tipo de limitación o pérdida de derechos de propiedad privada" como consecuencia de los procedimientos de la Ley de Costas. Junto a esa suspensión, el paquete de diez medidas que proponen los populares incluye una revisión "ordenada, seria y consensuada" de toda la normativa del litoral y la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Costas.
Por la Comunitat Valenciana ha acudido al Senado el vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, que ha ido más lejos que la mera moratoria y ha reclamado una nueva Ley de Costas desde cero. "No se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda", ha argumentado el conseller, recordando que la ley vigente data de 1988 y que en casi cuatro décadas el mapa competencial ha cambiado radicalmente: ocho de las diez comunidades con litoral ya tienen o han solicitado transferencias de competencias en la materia.
Mus ha insistido en que la propuesta valenciana no busca recortar la protección ambiental sino mejorarla: "No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz, más cercana y más adaptada a cada territorio". La Generalitat quiere limitar la actuación del Estado a los deslindes y las obras de interés general, avanzar hacia una gestión autonómica más cercana, reforzar la seguridad jurídica en los deslindes y establecer criterios objetivos en el régimen de concesiones.
El conseller también ha aprovechado su intervención para criticar el recurso del Gobierno central contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, aprobada por Les Corts, tachándolo de basado en "hipótesis y no en el contenido real de la ley". Una norma que, según Mus, actúa de forma "complementaria" a la legislación estatal sin invadir competencias del Estado.
Con 500 kilómetros de costa, más del 70% de la población concentrada en el litoral y una actividad económica y turística de primer orden, la Comunitat Valenciana tiene mucho en juego en este debate. Y este miércoles ha dejado claro que no piensa quedarse al margen.