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Marciano Gómez se queralla contra Diana Morant ante el Tribunal Supremo por acusarle de "lucrarse con la privatización de la sanidad"

El conseller de Sanidad valenciano, Marciano Gómez, formaliza la querella contra la ministra y líder del PSPV después de que no acudiera al acto de conciliación ni se retractara de unas declaraciones que realizó en febrero en la sede de la Delegación del Gobierno y difundió en sus redes sociales.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez y la ministra de Ciencia, Diana Morant

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez y la ministra de Ciencia, Diana Morant

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La batalla judicial entre los socialistas y el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, se eleva a otro nivel después de que el este haya formalizado su querella contra la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant, por asegurar, antes los medios de comunicación sin prueba alguna que Gómez se está "lucrando de la privatización de la sanidad". Tras un acto de conciliación al que Morant ni se digno a acudir y no retractarse de sus palabras, el conseller ha presentado esta querella ante el Tribunal Supremo —el órgano competente dado el aforamiento de Morant como miembro del Gobierno central— por las declaraciones.

En aquel acto, Morant afirmó que el conseller "se está lucrando con la privatización de la sanidad" y que "aparece siempre detrás de todo lo que tiene que ver con Ribera Salud", en el contexto de sus críticas a la política sanitaria del Consell. Unas palabras que fueron recogidas por numerosos medios de comunicación de ámbito autonómico y nacional y que la propia ministra difundió en un vídeo en su cuenta de X, donde se identifica como titular del Ministerio de Ciencia.

Gómez anunció en abril que seguiría adelante con la querella si Morant no se retractaba, y así lo ha cumplido. El detonante final fue la incomparecencia de la ministra —ni ella ni su representación legal— al acto de conciliación previo en el que el conseller le pedía que rectificara públicamente. La defensa de Gómez interpretó esa ausencia como una ratificación de las imputaciones y ha formalizado ahora la acción penal, reclamando una indemnización fijada provisionalmente en 30.000 euros por daños morales e institucionales.

Para la defensa del conseller, las declaraciones de Morant no fueron un desliz puntual sino manifestaciones realizadas "con clara vocación de difusión pública" por una "dirigente política de primer nivel, plenamente consciente del alcance de sus palabras", cuya repercusión fue "masiva y sostenida". El Tribunal Supremo deberá ahora decidir si admite a trámite la querella y si aprecia indicios suficientes para investigar a la ministra por las afirmaciones realizadas.

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