Generalitat garantiza que la PAU valenciana se celebrará con normalidad pese al boicot de más de 250 correctores

La Generalitat Valenciana ha salido este martes a calmar las aguas horas después de que la Asamblea de Profesorado Corrector de las PAU anunciara su intención de renunciar en bloque el mismo día de la constitución de los tribunales y poner en riesgo la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana. La secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, ha comparecido ante los medios con un mensaje claro y tranquilizador: los exámenes de acceso a la universidad arrancarán el 2 de junio tal y como estaba previsto, y los miles de estudiantes valencianos que llevan meses preparándose no verán su futuro comprometido por el conflicto educativo.

"La PAU se va a celebrar en condiciones de normalidad", repitió Gómez en varias ocasiones, apelando directamente a la tranquilidad de un alumnado que afronta esta semana una de las pruebas más decisivas de su vida académica. Según la administración, los correctores que amenazan con el boicot son más de 250, una cifra que suena imponente hasta que se pone en contexto: los tribunales de la PAU en la Comunitat Valenciana están integrados por más de 1.500 profesores. Las renuncias anunciadas no representan ni la mitad del total, y la Generalitat cuenta además con una bolsa de docentes que no fueron seleccionados en el sorteo y que están disponibles como reserva, tanto del ámbito universitario como del Bachillerato.

"Tenemos suplentes por si alguna persona, por causa justificada, no pudiera presentarse", subrayó Gómez, descartando de plano la posibilidad de aplazar las pruebas. "Reventar la PAU generaría un daño irreparable en estos estudiantes", advirtió. Además, la secretaria autonómica quiso recordar a los correctores que contemplan su renuncia que quienes se apuntaron voluntariamente a formar parte de los tribunales y fueron admitidos tras el sorteo tienen la obligación legal de presentarse a la constitución, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada. Y los que están en huelga no quedan eximidos de esa obligación, porque los servicios mínimos establecidos por el Tribunal Superior de Justicia los amparan para prestar ese servicio.

"Igual que tenían la obligación de prestar el servicio mínimo de evaluación de Segundo de Bachillerato, si se han presentado de forma voluntaria a la PAU, están amparados para prestar el servicio mínimo de evaluación en la PAU", explicó Gómez, cerrando así la puerta a la interpretación de que la huelga les exime de sus compromisos con los tribunales.

Para adelantarse a cualquier contingencia, la Comisión Gestora que organiza las pruebas ya ha trasladado a los coordinadores de las cinco universidades valencianas —UV, UPV, UJI, UA y UMH— la instrucción de que todos los presidentes de los tribunales completen la constitución antes del viernes a las 12:00 horas. Un protocolo, precisaron, que ya se aplicó durante la pandemia de COVID-19 precisamente para poder resolver imprevistos con margen suficiente.

El PP carga contra los correctores

Por su parte, desde el Partido Popular, la portavoz de Educación del Grupo Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, calificó la amenaza de boicot de "desprecio intolerable" hacia el esfuerzo de miles de estudiantes de Segundo de Bachillerato. Para Gascó, utilizar la PAU como herramienta de presión es "inaceptable" viniendo de un colectivo que conoce de primera mano el impacto del sistema educativo, y consideró que la maniobra busca "desestabilizar" el proceso tras quedarse fuera de los acuerdos ya firmados con otros sindicatos.

"Los alumnos no tienen la culpa de las estrategias de quienes se han quedado fuera de los acuerdos", sentenció la diputada popular, recordando que el conflicto docente ya ha producido pactos que calificó de "referencia nacional".