Elecciones sindicales: la llama que alimenta la huelga educativa

Los 250 docentes encargados de corregir los exámenes de los más de 25.000 estudiantes que se presentan a la Prueba de Acceso a la Universidad amenazan con dimitir o con ponerse malos, que es peor. Es su respuesta al blindaje de la prueba aplicado por la Conselleria de Educación, con el apoyo de la lógica por una parte y del TSJ por otra. Los profesores, que se habían presentado voluntarios a tan encomiable labor, corren peligro de recibir importantes sanciones administrativas si no hacen su trabajo, así que veremos hasta dónde son capaces de llegar. Una huelga puede ser salvaje, legítima, política… Esta huelga, la que sufren las familias valencianas y todo el sector educativo, es todo eso y algo más.

Esta huelga, la educativa, no es exactamente política. O no lo es desde un prisma convencional. Los sindicatos mayoritarios en la mesa de negociación de la educación y que están organizando la marea verde que ocupa portadas y conversaciones de café, que son cinco, además de convertir en un infierno el tráfico en nuestras ciudades, no están ahora mismo pensando en influir en las elecciones autonómicas que se celebrarán el último domingo de mayo de 2027. Es decir, no están cavilando si esto beneficia a Juanfran o a Diana. O, más exactamente, no directamente. Lo que pretenden las fuerzas sindicales que han gripado el sistema en las últimas dos semanas y pico es, intuimos, ganar las elecciones sindicales que se celebrarán en diciembre de este año, después de no convocarse desde 2022.

STEPV y, en menor medida, UGT y CCOO —organizaciones de clase que solo la ley les permite estar en esta guerra por tener representación nacional— están haciendo la campaña electoral para sus comicios sobre las espaldas de familias y educandos. Por eso han montado este pollo ahora y no se la liaron antes al conseller Rovira, seguramente merecedor de mayores inquinas por parte de estas organizaciones. Lo hacen en esta primavera, exactamente seis meses antes de “sus” comicios de fin de año. Y entonces sí, entonces quienes resulten vencedores de esos comicios, quienes lideren la conversación sindical con la llegada del nuevo año, sí que podrán influir en la gestión de un ámbito tan sensible como la educación, condicionar la vida política de la Comunitat y, de paso, tener cuantos más liberados sindicales mejor, una condición, la del liberado, que sublima esa Arcadia feliz de cobrar sin trabajar.

Se entiende, pues, que la verdad moleste. Un ejemplo. A la secretaria autonómica de Universidades, una tecnócrata, la han puesto a caldo sus haters por decir algo obvio: “reventar la PAU no es hacer huelga”. Vi sus palabras en el perfil de Instagram de GVA Educació y la verdad es que el vídeo va camino de las 200.000 reproducciones, que no todos serán “odiadores”, digo yo. La huelga educativa, el peor frente político que ahora mismo afronta el Consell de Pérez Llorca, es, además de un asunto mal explicado, una batalla imposible de ganar, como he dejado escrito con aquel “Juanfran, ríndete”. Y me explico.

Como adelantaba, al conflicto educativo general le ha brotado un spin off en un ámbito que, habitualmente, es un remanso de paz: el de las universidades. Ahora mismo, la huelga educativa ya está amortizada políticamente en su espacio original, el de la educación, y, por tanto, su extensión natural por contagio es hacia la universidad pública. Considero que amenazar a esos 25.000 alumnos que se van a presentar a lo que los de mi generación conocíamos como el “selectivo” con el retraso de sus exámenes y, por tanto, con dejarlos en clara desventaja respecto al resto de examinandos españoles que van a poder adelantarles en la elección de plaza, es lo peor que puedes hacerle a un chaval o a una chavala. Y es, además de contrario a la doctrina del TSJ recientemente expresada en la configuración de los servicios mínimos de esta huelga, de una categoría altamente ruin. Es ruin someter al gran colectivo estudiantil que ha acabado el Bachillerato a la incertidumbre y el estrés generados por quienes van contra un derecho constitucional como el de la educación que, como mínimo, está en el mismo rango de consideración que el derecho a la huelga.

Los educadores en paro, que ahora seguramente no alcanzarán en números absolutos más del 15%, tienen razón en denunciar las disfunciones en sus vidas laborales, seguramente no muy distintas a las de otros gremios. Reprochan a la Administración ahora, más allá de haber arrancado un generoso aumento para sus retribuciones, que las ratios son imposibles. Claro, con un tercio de alumnos con TDAH, el otro tercio originario del más allá y el otro tercio nacional, a ver quién se aclara. Para echarse por un precipicio. Es una ironía, claro, porque ya no pueden echarle la culpa ni al abuso de los móviles. Miren, ¿saben qué? Estoy seguro de lo siguiente: aunque la consellera Ortí les suba 500 euros el sueldo, les reduzca la ratio de alumnos por aula, construyan 1.000 colegios y climaticen hasta los patios de los centros educativos, no van a firmar la paz porque, en el supuesto peregrino de que el Consell asumiera todas sus reivindicaciones, entonces exigirán también el cambio de la Ley de Libertad Educativa, que es una norma aprobada por el máximo órgano de la soberanía ciudadana, que son Les Corts. Y dos huevos duros. Y eso el Consell no lo va a hacer. Así que aquí, o susto o muerte.