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¿Prioridad nacional o arraigo?: Vox no entra en "eufemismos" mientras se apliquen su condiciones

El portavoz del grupo en Les Corts, José María Llanos, anuncia además un nuevo tijeretazo del 25% a la Academia Valenciana de la Lengua y exige que la "prioridad nacional" quede blindada en las cuentas antes de dar su voto afirmativo.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), y el síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos (d)

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), y el síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos (d)Rober Solsona

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Vox ha dejado claro este martes que su apoyo a las cuentas presentadas la semana pasada por el Consell no es ni mucho menos incondicional: si el principio de "prioridad nacional" —acceso preferente de los españoles a las ayudas sociales, a la vivienda pública y al producto nacional— no queda reflejado de forma "definitiva" en el texto final, el Partido Popular, que la semana pasada celebraba un principio de acuerdo con los de Abascal, podía tener serios problemas al llevar su propuesta de presupuestos a votación en Les Corts. Además, el poravoz de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha asegurado también que, de aquí hasta que se de la votación de las cuentas en el parlament valenciano, su partido insistirá a los 'populares' a que recorten, todavía más, en partidas que a ellos no les gusta, como Igualdad o las ayudas a ciertas entidades. 

En una comparecencia ante los medios en el parlamento valenciano, el síndic ha desgranado los tres pilares que, según su versión, están ya "pactados" con el PP como condición para siquiera sentarse a negociar: una rebaja fiscal "integral", medidas "rigurosas" en materia de vivienda y esa llamada prioridad nacional que el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, negó hace apenas días que fuera a aparecer "como tal" en las cuentas.

"Llámenlo como quieran"

Llanos ha evitado entrar en la contradicción abierta con Rovira y se ha limitado a señalar que, si el acuerdo "no hubiera estado pactado, no se hubiera ofrecido a pactar estos presupuestos". El portavoz ha insistido en que el contenido concreto de ese principio se traducirá en un periodo mínimo de empadronamiento y arraigo para acceder a las ayudas, en vincular las prestaciones a la trayectoria de cotización de cada beneficiario y en excluir de ellas a quienes se encuentren en situación irregular en España.

En vivienda, Llanos ha avanzado que se exigirá un arraigo "prolongado, real y efectivo" para optar a las promociones públicas, con umbrales más elevados que los actuales, y ha prometido derogar varias medidas heredadas del anterior gobierno del Botànic, que su grupo considera "sectarias y dañinas". Ha subrayado que estas condiciones son las mismas que Vox ya firmó con el PP para gobernar en Extremadura y Aragón.

Sobre la Academia Valenciana de la Lengua (AVL), el síndic ha confirmado que el organismo encajará un recorte del 25% por segundo año consecutivo, a pesar de que las cuentas presentadas por el Consell contemplaban un aumento del 5,1% en su dotación, hasta rozar los 3,14 millones de euros. Para Vox, la AVL sigue siendo un organismo "ineficiente" y su presupuesto, un "despilfarro" que hay que eliminar.

Más allá de los tres pilares principales, el portavoz de Vox ha adelantado que la futura ley de acompañamiento recogerá medidas como la prohibición del uso del burka y el niqab en espacios públicos, la creación de un servicio autonómico específico contra el fraude en los empadronamientos y la sobreocupación de viviendas, y la exigencia formal al Gobierno central para que aplique el reglamento europeo de retornos y proceda a la expulsión de inmigrantes en situación irregular.

Llanos ha reconocido que las cuentas que tiene sobre la mesa no son "los presupuestos que hubiera presentado Vox" —y ha apuntado que para eso los valencianos tendrían que votar a su partido— pero ha valorado que, con los ajustes pendientes, pueden convertirse en "unos buenos presupuestos". La negociación continuará vía enmiendas, nuevas proposiciones de ley y la propia ley de medidas fiscales y de gestión, un proceso que, avisa, está lejos de haber terminado.

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