Menos toros, más educación

La tauromaquia subsiste gracias a nuestros impuestos. Es financiada con dinero público, en mayor o menor medida, desde el gobierno central, la Generalitat, las diputaciones y los consistorios.

En el caso de la Generalitat Valenciana, con los presupuestos para 2027 aprobados, podemos constatar cómo quienes deben velar por el interés general, siguen regando con dinero público la tauromaquia.

Este año nuevas ayudas se suman a la subvención directa que desde que tuvimos un conseller torero realiza el Consell a la Fundación Toro de Lidia, organización con sede en Madrid. Federaciones taurinas, escuelas de recortadores y programas en medios de comunicación, entre otras partidas, suman más de 1 millón de euros de la Generalitat Valenciana en el presupuesto para el próximo año.

Es lamentable que los docentes hayan tenido que recurrir a la huelga indefinida, con el impacto económico personal que supone para sus bolsillos, y los inconvenientes para el alumnado y familias, por falta de escucha por parte de la administración Valenciana y que para quienes se lucran y disfrutan maltratando animales, las puertas de los despachos donde se deciden las subvenciones siempre estén abiertas.

Sólo con estas ayudas y subvenciones directas destinadas por parte de la Generalitat Valenciana al fomento de la violencia taurina, se podrían climatizar más de 200 aulas en un curso y beneficiar a más de 5.000 escolares que saldrían de la precariedad climática con que actualmente deben asistir a clase, soportando temperaturas de más de 30 grados.

A esta cifra de más de un millón de euros directos por parte de la Generalitat a la tortura taurina, hay que sumar cifras que no quedan reflejadas en ninguna partida, pero que suponen un montante relevante para las arcas públicas autonómicas, como los gastos hospitalarios a heridos y compensaciones por fallecidos en bous al carrer.

Porque desde hace unos años, la sanidad pública valenciana asume también los costes que no cubren los seguros cuando hay un herido o fallece alguien mientras participa en los bous al carrer, ya que, dada la elevada siniestralidad en estos actos, las compañías aseguradoras se negaban a cubrir todos los gastos.

Si sólo en 2025 hubo más de 1.100 heridos y 2 muertos, ¿cuál es el coste añadido para nuestra denostada sanidad pública del maltrato de toros y vacas en las calles y plazas de nuestros pueblos?

¿Cuántos/as orientadores/as y psicólogos/as podrían contratarse con ese dinero? ¿Cuántos recursos podrían destinarse a medios materiales para la formación profesional? ¿Cuántos centros educativos resolverían deficiencias en sus infraestructuras?

Si estos datos indignan, resulta insultante, especialmente tras la tragedia que vivimos en nuestro territorio, difícilmente olvidable, y que se llevó por delante la vida de más de doscientas personas y destruyó miles de hogares, encontrar estas ayudas directas para el maltrato animal institucionalizado compartiendo capítulo con los presupuestos destinados a emergencias, poniendo al mismo nivel a quienes salvan vidas y a aquellos que las dañan y arrebatan de la forma más cobarde.

Algo no funciona bien cuando quienes nos gobiernan ponen la alfombra roja a quienes de la tortura de animales hacen un modo de vida y de diversión y a quienes trabajan por un futuro mejor para todos y todas, los docentes, se les acusa de violentos.

¿Será que les beneficia más la violencia que la empatía?

Con el dinero público, menos toros y más educación.