Vox plasma su sello en los Presupuestos de la Generalitat 2026: Prioridad nacional, repatriaciones voluntarias y medidas antiokupación
Vox registra en Las Cortes Valencianas 115 enmiendas a las cuentas del gobierno de Pérez Llorca

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (i), y el síndic del grupo parlamentario VOX, José María Llanos (d)
Vox ha puesto su rúbrica en los Presupuestos 2026 de la Generalitat Valenciana con el registro de 115 enmiendas en Las Cortes Valencianas. Se trata de un paso ordinario previo a la aprobación de las cuentas, las primeras negociadas entre Vox y el PP bajo la presidencia de Juanfran Pérez Llorca, quien en los anteriores ejercicios lideraba la negociación desde la portavocía parlamentaria.
A través de las enmiendas, en su mayoría pactadas previamente con el PP, la formación de Santiago Abascal deja su impronta introduciendo sus medidas presupuestarias particulares, las más ideológicas, en las cuentas para el próximo año. "Serán las primeras de toda España en las que aparece la prioridad nacional", ha definido el portavoz de Vox, José María Llanos.
En concreto, esta medida se aplicará en los servicios sociales y la vivienda. Como ya ha avanzado este periódico en anteriores ocasiones, la vía legal para aplicar esta medida se limita a aplicar mayores exigencias de antigüedad del empadronamiento a los solicitantes de ayudas o viviendas públicas, una medida que ya aplican actualmente ayuntamientos de todos los colores políticos.
En materia migratoria, Vox propone "reorientar" la Oficina Valenciana de Inclusión, que pasará a llamarse Oficina de Arraigo y Retorno, centrándose en ofrecer a los inmigrantes la posibilidad de regresar a sus países de origen de forma "voluntaria", no obligatoria. Asimismo, Vox incluye una partida de 2,5 millones de euros destinada al retorno de los que fueron menores tutelados (menas) y hayan dejado de serlo al cumplir la mayoría de edad.
En vivienda, Vox ha puesto el foco en la okupación, aumentado la partida específica de hasta un millón de euros para las víctimas de la okupación ilegal. También crea una nueva línea presupuestaria orientada a la devolución de las viviendas públicas okupadas ilegalmente. Y la partida para el fomento del alquiler se incrementa hasta los 1,032 millones de euros.
En cuanto al impulso de políticas de maternidad y familia, establece dos líneas de ayudas que suman 3 millones de euros, además de una partida de 700.000 euros para personas dependientes.
En educación, Vox propone la creación de más plazas de inspectores "para la protección y defensa de los valencianos con el objetivo es aplicar la Ley de Libertad Educativa y evitar el adoctrinamiento ideológico en las aulas".
Finalmente, en industria y comercio, se incrementa el apoyo al sector de la cerámica con ayudas directas a Onda, Castellón y Manises, además de proteger al comercio local frente a la competencia desleal.
Por contra y en la línea del ejercicio anterior, se reduce la partida a al Academia Valenciana de la Lengua (AVL), así como la relativa a la patronal y a los sindicatos, quedando reducidas prácticamente hasta la mitad.
Las negociaciones entre PP y Vox para sacar adelante los presupuestos parecen haber fluido con facilidad, a excepción de "cuestiones peliagudas como las nomenclaturas", según ha reconocido el portavoz Vox.
Paralelamente, la oposición de izquierdas ha registrado también sus propias enmiendas que, con toda probabilidad, no serán aceptadas, sino que sirven para marcar distanciamiento o desaprobación al proyecto del Consell.
Comunidad Valenciana
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Sonia García