La justicia que Diana Morant no quiere ver

La absolución de un exalcalde por el Tribunal Supremo, más aún cuando esta llega de manera póstuma, debería ser un momento de reflexión institucional. Se trata de Arturo Torró Chorro (EPD) Sin embargo, en el caso de la actual secretaria general del PSPV y exalcaldesa de Gandía, Diana Morant, el mutismo ante este giro judicial resulta ensordecedor. Y no es un silencio cualquiera: es el silencio que sigue a una frase grabada a fuego en la memoria política de la ciudad: "Me siento orgullosa de haber sacado a un corrupto de la alcaldía de Gandía".

Este pronunciamiento, realizado en su momento con la contundencia que da la presunción de culpabilidad mediática, se convierte ahora en una losa sobre su credibilidad. La Justicia, en su último y definitivo fallo, ha desmontado la narrativa sobre la que Morant construyó parte de su relato político. La pregunta que queda flotando en el ambiente no es jurídica, sino ética: ¿Dónde está ese orgullo ahora que el Alto Tribunal ha despojado de toda validez jurídica a la condena de Arturo Torro?

El silencio de Morant no es un mero ejercicio de prudencia; es una estrategia de ocultamiento que revela una alarmante falta de grandeza política. Cuando la justicia rectifica, la política debería tener la entereza de rectificar también, o al menos, de matizar sus afirmaciones. Pero en este caso, la dirigente socialista valenciana parece optar por la ley del hielo, como si el absolver a un fallecido no fuera sino una anécdota procesal que no merece comentario.

Este comportamiento no solo ofende la memoria del exalcalde y el criterio del Tribunal Supremo, sino que también menosprecia la inteligencia de los ciudadanos de Gandía. Se utilizó el estigma de la corrupción como un arma arrojadiza para ganar posiciones políticas. Ahora que el arma resulta ser de fogueo, la exalcaldesa prefiere hacer como si nunca hubiera disparado, ignorando que sus palabras quedaron registradas. La baja catadura moral de Diana Morant no está en haber creído en una condena, sino en la incapacidad para reconocer el error cuando la máxima instancia judicial lo ha señalado, especialmente cuando el principal damnificado ya no puede reclamar su honor en vida. Se trata de la misma Diana que pretende ser la presidenta de todos los valencianos. En fin.