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Así es el nuevo servicio 24/7 que activa la Generalitat contra la "okupación" de viviendas públicas en la Comunitat Valenciana

La empresa adjudicataria ofrecerá asistencia permanente, recuperará las viviendas, coordinará actuaciones con la policía e instalará puertas antiocupación y sistemas de alarma.

Un bloque de viviendas, en imagen de archivo.

Un bloque de viviendas, en imagen de archivo.

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J. L. A.

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El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado el nuevo servicio especializado para recuperar viviendas públicas ocupadas ilegalmente que el Consell ha sacado a licitación. El contrato, dotado con un presupuesto estimado de 796.831 euros prestará servicio durante tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales, y dará cobertura a todo el territorio autonómico.

Llorca ha explicado que la iniciativa pretende ofrecer una respuesta "rápida, coordinada y segura" ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de vivienda.

La principal novedad será un servicio de atención de urgencias operativo las 24 horas del día durante todo el año, que deberá responder en un plazo máximo de una hora a los avisos por ocupaciones o intrusiones. La empresa adjudicataria también asumirá la representación de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) en los procedimientos administrativos para recuperar inmuebles, coordinará las actuaciones con las fuerzas de seguridad y supervisará la instalación de puertas antiocupación, alarmas y otros sistemas de protección. Además, tendrá que documentar todas las intervenciones.

Para ello deberá disponer de un equipo formado por un coordinador jurídico y, al menos, tres inspectores técnicos, además de los medios materiales necesarios para prestar el servicio.

La Generalitat gestiona actualmente más de 14.500 viviendas públicas en la Comunitat Valenciana y estima que alrededor del 13 por ciento están ocupadas de forma ilegal.

Según el president Pérez Llorca, el Consell quiere poner fin a "un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar y poner los medios necesarios para acabar con una situación que impide acceder a un hogar a muchas familias vulnerables que sí respetan la legalidad y aguardan en las listas de demanda". Se trata, ha añadido, "de una garantía para que las viviendas del parque público lleguen a las personas vulnerables que las solicitan cumpliendo los requisitos y la normativa".

El president ha advertido además de que estas ocupaciones dificultan la rehabilitación de los inmuebles, vulneran los derechos de quienes esperan una adjudicación y generan problemas de convivencia y riesgos de seguridad, especialmente por los enganches ilegales a la red eléctrica.

El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 30 de julio a través de la Plataforma de Contratación del Estado. Este contrato se suma a las medidas que la Generalitat ha impulsado contra la ocupación ilegal. 

Este nuevo servicio complementa la estrategia integral que la Consellería de Vivienda viene desarrollando contra la ocupación ilegal. Así, a primeros de 2026, adjudicaba el servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas de su parque público, con una inversión de 4.743.200 euros, por un periodo de cuatro años.

Además, desde julio de 2023 se han realizado 1.231 actuaciones para evitar nuevas ocupaciones, entre ellas descerrajados, tapiados, cambios de puertas e instalación de 608 puertas antivandálicas, al tiempo que se ha reforzado la vigilancia privada en distintas promociones de vivienda pública para proteger los inmuebles vacíos y sus garajes.

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