La Comunitat exige al Gobierno retirar el nuevo Reglamento de Costas por su impacto sobre viviendas y el litoral
Vicente Martínez Mus denuncia que el Ejecutivo central ha desoído la petición de doce comunidades autónomas para paralizar el nuevo Reglamento General de Costas y advierte de que la reforma incrementará la inseguridad jurídica, favorecerá nuevos deslindes y limitará las competencias autonómicas sobre el litoral.
Costa valenciana
Sigue la confrontación entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno central por la gestión del litoral. El Consell ha elevado el tono contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por seguir adelante con la reforma del Reglamento General de Costas, una modificación normativa que considera perjudicial para las comunidades autónomas y que, según denuncia, puede abrir la puerta a nuevos deslindes, restringir derechos de ciudadanos y empresas e invadir competencias ya transferidas.
La ofensiva valenciana ha sido encabezada por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Allí reprochó al Ministerio para la Transición Ecológica haber ignorado la petición formulada por una docena de comunidades autónomas para paralizar la tramitación del decreto y abrir un verdadero proceso de diálogo.
Según explicó el responsable autonómico, la reunión celebrada este miércoles perdió toda su utilidad al excluir del orden del día el debate sobre la reforma. A su juicio, convocar una conferencia sin permitir que las autonomías puedan votar o fijar formalmente su posición convierte el encuentro en un mero trámite sin capacidad de influir en una normativa que afectará directamente a la gestión de la costa.
La Generalitat sostiene que el proyecto de reglamento no solo modifica aspectos esenciales de la gestión del dominio público marítimo-terrestre, sino que además presenta incompatibilidades con la propia Ley de Costas vigente. Por ello, Martínez Mus considera que antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario debería abordarse una reforma de la ley que elimine esas contradicciones.
El Gobierno valenciano recuerda que la Comunitat Valenciana, junto a otras autonomías litorales, presentó alegaciones durante la fase de información pública al entender que el texto introduce importantes incertidumbres jurídicas y condiciona la tramitación de numerosos expedientes que dependen de las administraciones autonómicas. Uno de los aspectos que más preocupa al Consell es la nueva regulación sobre la compatibilidad con las estrategias marinas, ya que considera que incorpora criterios inéditos que complicarán la gestión administrativa del litoral y aumentarán la inseguridad jurídica.
La Generalitat también alerta de que la futura regulación endurece el régimen de concesiones e incrementa el peso de los informes estatales, otorgándoles un carácter vinculante en supuestos donde hasta ahora no lo tenían. Además, critica que el texto permita intervenir sobre concesiones cuya gestión corresponde actualmente a las comunidades autónomas y modifique el régimen aplicable a las concesiones compensatorias, generando, según el Ejecutivo valenciano, mayor incertidumbre tanto para las administraciones como para particulares y empresas.
El Consell advierte igualmente de que la reforma podría facilitar nuevos procedimientos de deslinde que afectarían a viviendas, negocios e infraestructuras situadas en el litoral, un escenario que considera especialmente preocupante en un momento en el que las autonomías están asumiendo progresivamente las competencias sobre la gestión costera.
Retirada del Reglamento
Martínez Mus insistió en que una modificación de este alcance debería haberse elaborado con la participación de las comunidades autónomas y no de forma unilateral por parte del Gobierno central. Por ello, la Generalitat reclama la retirada del actual proyecto de Reglamento General de Costas, la apertura de un proceso de negociación con las autonomías y, si fuera necesario, una reforma previa de la Ley de Costas que sirva de base para un nuevo reglamento consensuado.
El vicepresidente autonómico defendió además que la Comunitat Valenciana ya trabaja en un modelo alternativo a través de la ley valenciana de protección y ordenación del litoral, una norma con la que el Consell pretende compatibilizar la conservación ambiental con una mayor seguridad jurídica para propietarios, actividades económicas y administraciones públicas, evitando conflictos derivados de futuros deslindes.