El Consell pide frenar la reforma de la financiación y la oposición exige un acuerdo

La reforma del sistema de financiación autonómica volvió a evidenciar este martes el choque entre el Consell y la oposición. La Comisión Mixta Consell-Les Corts se reunió en vísperas del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que reúne al Ministerio de Hacienda y a los responsables económicos de todas las comunidades autónomas para negociar asuntos como el reparto de recursos y la reforma del sistema de financiación. La reunión terminó sin una posición común: mientras la Generalitat pide aplazar el encuentro por falta de información, PSPV y Compromís defienden negociar una propuesta que incrementaría en 3.669 millones de euros los recursos de la Comunidad Valenciana.

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, ha explicado que la Generalitat ha trabajado junto a la comisión de expertos que asesora al Consell en materia de financiación y que presentó alegaciones tras analizar la última documentación remitida por el Ministerio. Pero denuncia que el Gobierno "ha dado la callada por respuesta" y que tampoco ha respondido a la petición de trece comunidades autónomas para aplazar el CPFF hasta septiembre.

El Consell exige más información y un modelo "más equitativo"

Rovira insistió en que la Comunidad Valenciana sigue siendo la autonomía peor financiada de España y recordó que la infrafinanciación significa que recibe menos recursos por habitante que la media para sostener servicios como la sanidad, la educación o la dependencia.

El conseller admitió que la propuesta del Ministerio mejora la financiación valenciana, pero aseguró que "podría mejorarla mucho más". Según explicó, la Comunidad pasaría de estar ocho puntos por debajo de la media a situarse aproximadamente un punto por debajo, por lo que seguiría sin alcanzar el nivel medio de financiación del resto de autonomías.

También cuestionó algunos elementos del nuevo modelo, como la creación de un fondo específico para pymes, del que, según dijo, la Comunidad Valenciana solo recibiría el 2,3 %, y mostró su preocupación por una posible reducción de las entregas a cuenta, los anticipos que el Estado transfiere a las comunidades en función de la recaudación prevista. A su juicio, esa modificación podría reducir los ingresos reales respecto a los anunciados inicialmente.

Además, volvió a reclamar un fondo transitorio de nivelación, una compensación extraordinaria para las comunidades peor financiadas mientras entra en vigor el nuevo sistema, y defendió que el Estado asuma parte de la deuda histórica de la Comunidad Valenciana, que la comisión de expertos atribuye mayoritariamente a la infrafinanciación acumulada desde 2009.

La oposición pide “voluntad de acuerdo”

PSPV y Compromís coincidieron en reclamar al Consell que aproveche la propuesta del Ministerio como base para negociar una mejora de la financiación valenciana. Ambos grupos consideran que el nuevo modelo supone un avance, aunque reconocen que todavía puede perfeccionarse.

El diputado socialista, José Chulvi, calificó la oferta como una "oportunidad histórica" para que la Comunidad Valenciana deje de situarse entre las autonomías peor financiadas. Defendió que aceptar los 3.669 millones de euros previstos no impide seguir negociando mejoras y advirtió de que renunciar a esa cantidad supondría disponer de menos recursos para sanidad, educación y servicios públicos. Además, recordó que el Gobierno plantea condonar 11.000 millones de euros de deuda, lo que reduciría el pago anual de intereses.

En la misma línea, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, consideró "profundamente decepcionante" la posición del Consell y reclamó acudir al Consejo de Política Fiscal y Financiera con "voluntad de acuerdo". Baldoví pidió defender simultáneamente un nuevo sistema de financiación, la condonación de parte de la deuda y un fondo transitorio de nivelación, y puso como ejemplo el acuerdo alcanzado por Canarias con el Ministerio de Hacienda. A su juicio, rechazar una propuesta que aportaría 3.669 millones de euros sería una decisión "profundamente irresponsable" para los intereses de la Comunidad Valenciana.