Choque por la acogida de los menores que entraron en Ceuta: Generalitat denuncia el colapso en sus centros y el Gobierno amenaza con la Fiscalía
El gobierno valencianodenuncia que sus centros de acogida están al 160% de ocupación y exige al Ejecutivo de Sánchez que concrete el reparto y aporte financiación para atender a estos menores.
Dos varones adolescentes duermen en un parque, a 1 de agosto de 2026, en Ceuta (España)
La crisis migratoria de Ceuta tras la 'invasión' de miles de marroquíes ha abierto un nuevo frente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades autónomas, en especial las gobernadas por el Partido Popular, como la valenciana. La Generalitat Valenciana reclama al Ejecutivo que concrete cuántos menores no acompañados llegados a la ciudad autónoma serán trasladados a la Comunitat y cuándo, pese a sus reiteradas denuncias por la falta de recursos para su acogida. Según el Consell, en estos momentos los centros de acogida valencianos se encuentran ya en una situación de sobreocupación del 160%.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno a los territorios que critican esta falta de recursos ha elevado, todavía más si cabe, la tensión. El delegado del Ejecutivo en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha advertido de que si alguna comunidad autónoma se niega a recibir a los menores, pese no tener claro cuántos menores hay por las calles de Ceuta y no poner encima de la mesa incentivos económicos para que las comunidades autónomas puedan atender con la calidad que se marece a estos jóvenes, "tendrá que actuar de oficio Fiscalía de menores», al entender que existe una obligación legal de atenderlos.
"Evidentemente, la ley tiene que cumplirse", ha señalado Pérez Triano en declaraciones a la Cadena SER, en las que ha defendido que los menores que se encuentran solos en Ceuta deben ser atendidos en otros territorios ante la situación de desbordamiento que vive la ciudad.
La consellera de Servicios Sociales e Infancia, Elena Albalat, asegura que la Comunitat Valenciana todavía no ha obtenido respuesta su pregunta al Gobierno: "No hemos recibido una comunicación oficial sobre si va a haber reparto de menores no acompañados de Ceuta, ni cuándo van a llegar, ni nada", ha denunciado. La responsable autonómica reclama así al Gobierno que concrete qué número de menores pretende trasladar a la Comunitat Valenciana y en qué fecha, antes de que la Administración valenciana pueda valorar el alcance de la medida.
Las autoridades ceutíes calculan que unos 500 menores no acompañados permanecen actualmente en las calles, aunque el delegado del Gobierno ha admitido que todavía no se conoce con exactitud la cifra.
Centros al bordo del colapso
Albalat sostiene que la situación de los centros valencianos es especialmente complicada, algo que la Generalitat viene denunciando al largo de toda la legislatura, porque la red autonómica no solo recibe los menores derivados por el Estado, sino que también atiende a personas llegadas directamente a la Comunitat, especialmente a través de las pateras que alcanzan la costa de Alicante.
La consellera considera que esta situación hace imprescindible que cualquier nuevo reparto vaya acompañado de financiación, medios y recursos suficientes. Su crítica se centra también en el modelo de financiación actual, ya que, según denuncia, el Estado cubre únicamente los tres primeros meses de acogida. "¿Y qué pasa cuando han cumplido los tres meses y un día más?", ha planteado Albalat, que sostiene que la Comunitat termina asumiendo con sus propios recursos el coste de la atención posterior que, ante la falta de recursos, muchas veces no puede ser la mejor.
El Gobierno recuerda que el reparto no es opcional
Mientras la Generalitat exige conocer los detalles, el Ejecutivo central ha endurecido el mensaje dirigido a las comunidades autónomas. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha defendido que existe un mecanismo legal para distribuir a los menores entre territorios y ha advertido de que espera que el Gobierno no tenga que entrar "en ningún tipo de conflicto, en este caso jurídico o judicial" para garantizar su cumplimiento.
"La ley obliga a las comunidades autónomas», ha señalado Cuerpo en TVE, aludiendo a la Ley de Extranjería y al mecanismo establecido para reducir la presión sobre territorios como Canarias, Ceuta y Melilla. El ministro ha apelado además a la "solidaridad" entre comunidades y ha recordado que varias de las autonomías que tendrían que participar en el reparto están gobernadas por el PP, el mismo partido que gobierna Ceuta.
El Ejecutivo central ha anunciado, además, 25 millones de euros adicionales para atender a los menores llegados durante esta crisis, una partida que se suma a los fondos ya destinados a la atención de estos jóvenes. El Gobierno pretende ahora activar los mecanismos necesarios para distribuir parte de estos menores por distintas comunidades autónomas, una cuestión que ha provocado el rechazo de algunos ejecutivos autonómicos.
La Generalitat no quiere "improvisación"
En el caso valenciano, a diferencia de lo que ha ocurrido en Aragón donde ya han anunciado que utilizaran todas las vías para evitar la imposición de acoger a estos menors, la Generalitat insiste en que no cuestiona la necesidad de atender a los menores, pero reclama al Gobierno central que no traslade automáticamente a las autonomías el coste de una política que, a su juicio, debe abordarse como un problema de Estado. Albalat ha defendido que la Comunitat Valenciana es "una comunidad acogedora con todas las personas que vienen", pero ha reclamado que el Ejecutivo concrete primero su plan para los menores llegados a Ceuta y garantice los recursos necesarios.
La consellera considera que la situación actual evidencia las consecuencias de una política migratoria que, según denuncia, está provocando una presión creciente sobre los servicios autonómicos de protección de menores.