El Constitucional levanta parcialmente el bloqueo del Gobierno a la Ley de Costas valenciana y la Generalitat lo ve "insuficiente"

Sigue la batalla judicial por la protección de la costa valenciana entre la Generalitat y el Gobierno de España tras los recursos promovidos por el Ejecutivo central contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya levantado, parcialmente, la suspensión que pesaba sobre la norma, aunque mantenga paralizado el artículo 17, precisamente el que establece el régimen específico para los denominados núcleos urbanos de especial valor etnológico. Fuentes de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, consultadas por ESdiario, consideran "positivo" que el Constitucional haya permitido recuperar la aplicación de una parte de la ley, aunque entiende que la decisión resulta "del todo insuficiente" porque deja todavía en suspenso las disposiciones que la Generalitat considera fundamentales para proteger las casetas costeras tradicionales de la Comunitat Valenciana.

El auto del Pleno del Tribunal Constitucional, fechado el pasado 21 de julio y publicado ahora en el Boletín Oficial del Estado (BOE), mantiene la suspensión del artículo 17 y de la disposición final primera de la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Por el contrario, levanta la suspensión de la disposición adicional cuarta, que permite a la Administración autonómica elaborar un inventario de posibles núcleos de especial valor etnológico.

Es decir, mientras no resuelva definitivamente el recurso, la Generalitat no puede aplicar ese régimen especial del artículo 17 que establece un régimen específico para determinados "núcleos urbanos de especial valor etnológico", entre ellos conjuntos de viviendas, comercios o construcciones vinculadas a actividades tradicionales de la costa.

Desde el Consell recalcan que la resolución del Constitucional no supone el final del procedimiento. La Generalitat mantiene su estrategia para defender la constitucionalidad de la ley y confía en que el tribunal termine avalando su aplicación íntegra basándose en lo que ocurrió en Galicia y su ley de costas, también recurrido por el Gobierno pero que, finalmente, tras una batalla judicial, los tribunales se pronunciaron a favor de la comunidad autónoma.

El Ejecutivo autonómico recuerda que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central provocó inicialmente la suspensión de los preceptos cuestionados y que ahora el TC ha decidido levantarla únicamente en parte. Para la Generalitat, este levantamiento parcial supone un paso positivo, pero no resuelve la cuestión de fondo. De hecho, el Consell ya presentó el pasado 28 de abril su respuesta al recurso de inconstitucionalidad y reclama que el Constitucional se pronuncie cuanto antes sobre el fondo del asunto. La Generalitat espera que esa futura sentencia sea favorable a sus planteamientos y permita aplicar la totalidad de la norma.

El argumento central del Gobierno valenciano es que la Ley de Costas autonómica pretende desarrollar competencias recogidas en el Estatut d'Autonomia y, especialmente, establecer una protección específica para determinados asentamientos tradicionales del litoral valenciano.

Ejemplos como el de la playa de Babilonia

Uno de los puntos más delicados del auto del Constitucional es la referencia expresa a la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, utilizada por el tribunal para justificar que debe mantenerse suspendido el artículo 17. En este enclave existen edificaciones cuya situación ha generado durante años un conflicto entre la protección ambiental y la conservación de las construcciones existentes. El Estado había extinguido las concesiones que amparaban las viviendas y había acordado su demolición por razones ambientales y de seguridad, decisiones que fueron confirmadas por los tribunales.

La entrada en vigor de la Ley valenciana de Costas modificó el escenario, ya que la zona fue objeto de actuaciones por parte de la Administración autonómica encaminadas a su posible consideración como núcleo urbano de especial valor etnológico. Precisamente esta circunstancia es la que ha llevado al Constitucional a considerar que la aplicación del artículo 17 podría interferir en actuaciones estatales dirigidas a recuperar el dominio público marítimo-terrestre. El tribunal ha optado, por ello, por mantener la suspensión mientras estudia el fondo del recurso.

La respuesta de la Generalitat a ESdiario deja claro que no renuncia a defender este tipo de enclaves. El objetivo del Consell es que las casetas costeras tradicionales puedan quedar protegidas frente a los efectos de los deslindes mediante el régimen previsto en la Ley de Costas valenciana.

inventario de núcleos etnológicos

La principal consecuencia práctica favorable para la Generalitat del nuevo auto del TC es que sí podrá continuar con la elaboración del inventario previsto en la disposición adicional cuarta. Esta parte de la norma queda fuera de la suspensión porque el Constitucional considera que la mera elaboración del inventario no genera, por sí misma, un perjuicio de imposible o difícil reparación.

La decisión, no obstante, no permite a la Generalitat modificar unilateralmente los deslindes ni desafectar terrenos del dominio público marítimo-terrestre. El propio diseño de la disposición contempla que, en su caso, el inventario pueda servir posteriormente para solicitar al Estado modificaciones del deslinde o la desafectación de determinados bienes.

Por tanto, el escenario que deja el auto es intermedio: la Generalitat puede avanzar en la identificación de estos núcleos y defender su valor etnológico, pero no puede aplicar todavía el régimen específico de protección previsto en el artículo 17. Desde el Consell insisten en que seguirán defendiendo la constitucionalidad de la ley hasta el final y que el levantamiento parcial de la suspensión refuerza, a su juicio, la necesidad de que el Constitucional resuelva cuanto antes el fondo del recurso.

La batalla jurídica, por tanto, continúa. La Generalitat ha recuperado una parte de su Ley de Costas, pero mantiene bloqueada precisamente la herramienta que considera esencial para proteger las casetas tradicionales del litoral valenciano. Ahora el foco queda puesto en la futura sentencia del Tribunal Constitucional, que será la que determine definitivamente hasta dónde puede llegar la autonomía valenciana en la protección de estos enclaves frente a los deslindes estatales.