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El Gobierno veta la marcha de las víctimas de la dana 'incómodas' en el segundo aniversario

La Delegación del Gobierno no autoriza la manifestación de Unión del Pueblo 29, que ha estado excluida de todos los actos institucionales como la reunión con Pedro Sánchez

Víctimas de la dana de Unión del Pueblo 29 se manifiestan en Madrid

Víctimas de la dana de Unión del Pueblo 29 se manifiestan en Madrid

Sonia García
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La asociación Unión del Pueblo 29, que reúne a más de 40 afectados por la dana de 2024, denuncia que Delegación de Gobierno les ha prohibido la manifestación que tenían prevista para mañana 29 de octubre, en el segundo aniversario de la riada.

Según explica su portavoz, Juan José Monrabal, en declaraciones a ESdiario, familias de Sedaví, Alfafar, Parc Alcosa, Catarroja y Picanya, habían solicitado a primeros de mes salir desde Catarroja por la calle Ramón y Cajal hacia Massanassa, Parc Alcosa, Alfafar y La Torre para acabar en la iglesia. Una manifestación 'paralela' a la de las otras asociaciones con mayor presencia mediática, para la que ya lo tenían todo preparado. Contaban con 20 tractores traídos desde Requena, con plataformas ya pagadas y camiones que desde el miércoles estaban en una campa.

La asociación asegura que el motivo alegado es "para que no coincidan con otra marcha", la de las asociaciones de Rosa Álvarez y Mariló Gradolí, que saldría a las 17h desde Benetússer. Denuncian que esa otra manifestación se solicitó después y sí se la han autorizado: "Nosotros lo pedimos a primeros de mes. Y nos contestan ahora. No lo habían pedido los otros aún. Y se lo dan a ellos que su solicitud es posterior. Para que no nos crucemos, como si fuéramos asesinos", lamenta. "No somos vandálicos ni ninguna causa mala para que se nos quite el permiso", ha reivindicado.

Dos años de discriminación a la asociación 'incómoda'

Unión del Pueblo 29 considera que se les discrimina porque "llevamos pancartas con la verdad, con las fotos, las pruebas", afirma Monrabal. Porque "no vamos en contra de un partido solo", añade. Pone como ejemplo de crítica posiblemente incómoda para el Gobierno, "las víctinas en la A-3 competencia del Gobierno" o la "incompetencia de un concejal socialista colocado en la CHJ como es Miguel Polo". Por contra, las asociaciones 'oficialistas' vienen poniendo el foco en la responsabilidad de la Generalitat Valenciana y Carlos Mazón. 

La exclusión no es novedad. Recuerdan que desde el primer día no se ha contado con ellos en ninguno de los actos institucionales: desde que la delegada Pilar Bernabé fue a reunión con asociaciones en Torrent, luego en la visita de Pedro Sánchez reuniéndose solo con las asociaciones que tilda de "politizadas", basandose en los cargos políticos o con vínculos con partidos de izquierdas que las integran. "No me invitaron. Yo me quedé fuera", ha subrayado. Y enfatiza en todas las críticas que tuvo que soportar por haberse reunido con Carlos Mazón, quien sí salio a recibirle en el Palau.

Lo mismo con los funerales oficiales: "Me tocó llamar al Arzobispado e ir a por invitaciones", afirma añadiendo que declinaron a asistir al funeral de Estado al considerarlo "un paripé" organizado por la asociación de Rosa Álvarez.

Cuando se cumplen dos años de la catástrofe, los ánimos entre las víctimas discriminadas "está por los suelos", confiesa. "Nos apoyamos unos a otros".

Respecto a la investigación judicial, tienen poca esperanza: "Nosotros sabemos que justicia no vamos a tener". El portavoz de Unión del Pueblo 29 ha asegurado que "el marido  de la jueza toma declaraciones. Tenemos a gente en la asociación a quienes ha entrevistado el marido". Y también cuestiona que no se investigue a la alcaldesa de Catarroja porque "no activó ningún plan local. En el juzgado mintió", ha aseverado Monrabal.

Emocionado, Juan ha manifestado que "mi madre no se merecía morir". "Solo quiero un duelo tranquilo", concluye. 

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