Alicante insta a Costas a ejecutar "infraestructuras pendientes" desde 2021 en Serra Grossa-Rocafel

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante reclamará en el pleno del 19 de diciembre la ejecución "inmediata", por parte del Ejecutivo central, del proyecto "pendiente" del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) en Serra Grossa-Rocafel, que "contempla obras significativas para la mejora de infraestructuras y servicios" en el entorno de La Albufereta y "es vital para el desarrollo urbano y económico de la ciudad", según la declaración institucional.

El consistorio ha indicado en un comunicado que este proyecto de 2021, elaborado por Cedex, un organismo estatal de asesoramiento del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "tiene como objetivo principal mejorar la conectividad y la infraestructura de la ciudad en ese entorno".

Entre otos aspectos, incluye la construcción de nuevas vías de comunicación, la ampliación de infraestructuras existentes y la mejora de los servicios públicos esenciales.

El Gobierno local sostiene que "tres años después aún no se ha ejecutado" y eso tiene "impactos negativos, como el estancamiento económico, los problemas de movilidad y el riesgo creciente en términos de seguridad".

En esta línea, insiste en que estas actuaciones son "importantes para mejorar la movilidad urbana, ya que la construcción de nuevas carreteras y la mejora de las existentes permitirá una circulación más fluida, reducirá los atascos y el tiempo de desplazamiento para los ciudadanos". La propuesta añade que "la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad se verá notablemente mejorada, y facilitará tanto el tráfico diario como el acceso a servicios básicos".

El segundo motivo es que "fomentará el desarrollo económico, ya que una infraestructura mejorada atraerá inversiones y potenciará el crecimiento de negocios locales, con la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía local, y aumentará la seguridad, puesto que la modernización contribuye a una mayor seguridad vial, para disminuir el número de accidentes y mejorar la calidad de vida de los alicantinos".

Finalmente, según el Ayuntamiento, "promoverá la sostenibilidad, puesto que incluye medidas para reducir el impacto ambiental", para tender a un desarrollo "sostenible y respetuoso" con el entorno. Así, se pretende implementar soluciones ecológicas, como la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos y la creación de zonas verdes, "que contribuirán a la reducción de la huella de carbono".

El Gobierno local también pretende exigir al Gobierno de España que presente "un cronograma detallado y realista que garantice la transparencia en cada etapa de la ejecución del proyecto, para asegurar que se cumplan los plazos y que se informe adecuadamente a la ciudadanía sobre los avances".

"No es un proyecto"

Desde Costas han indicado que el documento elaborado por Cedex es "un estudio de carácter estrictamente técnico que contiene algunas posibles alternativas de tratamiento para el frente litoral de la ensenada de La Albufereta".

Asimismo, indican que "no es un proyecto ni prejuzga a quién correspondería abordar cada intervención esbozada en el informe en ese espacio de dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y solo incluye una posible solución estrictamente técnica" en un tramo de costa de edificios del núcleo Serra Grossa-Rocafel.

Las mismas fuentes apuntan que frente a dichos edificios hay una explanada íntegramente incluida en el DPMT, con títulos administrativos extinguidos y ocupada de forma privativa por instalaciones deportivas descubiertas, jardines y viales públicos.

"En la actualidad, son los vecinos de la zona los que disponen de esos espacios de uso privativo, o casi privativo, ya que se trata de un lugar de difícil acceso para quien no sea vecino de los edificios próximos, creados en su momento sobre espacios de dominio público estatal por los concesionarios", agregan.

Según Costas, el informe contempla una posible solución desde un punto de vista de ingeniería en sentido estricto, que no vincula a la Administración del Estado, y en la que "no se han tenido en cuenta otros factores esenciales, como la compleja situación jurídico-administrativa de este enclave".

En esta línea, sostienen que "cualquier posible solución a la situación de este enclave pasa necesariamente por la resolución de otras cuestiones previas, en las que ya se está trabajando desde hace tiempo por el Servicio Provincial de Costas de Alicante junto con el Ayuntamiento de Alicante y las comunidades de propietarios afectadas", y que consisten en "la liberación de algunas ocupaciones sin título existentes en el DPMT y la apertura de nuevos accesos públicos perpendiculares a este tramo de costa desde el exterior".

Cesión de terren

Las fuentes consultadas también remarcan que, para ello, según lo acordado con los representantes vecinales en distintas reuniones, "se está a la espera de la formalización de la totalidad de los acuerdos de cesación de la ocupación de los terrenos de dominio público por parte de estas comunidades de vecinos -algunos de ellos ya se han formalizado-, así como de cesión al Ayuntamiento de determinados terrenos y/o elementos constructivos --hasta ahora de titularidad privada-- con el fin de que puedan ser destinados a la implantación de nuevos accesos públicos".

Vertidos al mar

Además de todo lo anterior, otra cuestión previa a resolver ante otras futuras reordenaciones y que, según Costas, "si cabe es la más importante", es el "problema medioambiental que existe en la zona, donde se debe adecuar la red de saneamiento de aguas residuales de este enclave a la normativa vigente".

En este sentido, cree que el Ayuntamiento "debe buscar una solución a la actual Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Vistamar, situada en dicho frente litoral, para reubicarla fuera del DPMT y que regularice la situación jurídica de los vertidos al mar en coordinación con la Generalitat, competente en esta materia".

Desde Costas han manifestado que la planificación "integral" de cualquier intervención en esta zona de la ciudad de Alicante "debe implicar, por su propio carácter integral, no solo al Estado, sino también a las administraciones autonómica y local, sin olvidar la posición de los usuarios privativos, o casi privativos, de esos espacios".