¿Seguridad o ataque a la libertad? Aprobado en la Diputación la moción para "no pedir excesivos datos" a los turistas
Sale adelante la moción presentada por el PP pidiendo al Gobierno que derogue el Real Decreto del nuevo registro de viajeros y le exige que consensue con el sector la nueva norma
El Pleno de la Diputación de Alicante aprueba una moción presentada por el Grupo Popular para solicitar al Gobierno de España la derogación del Real Decreto 933/2021, que regula desde diciembre el registro de viajeros. Según los populares, esta normativa tiene un impacto "negativo" en el sector turístico y exigen consensuar una nueva legislación que favorezca su competitividad. La propuesta fue respaldada por Vox, mientras que PSOE y Compromís votaron en contra.
El texto denuncia que la norma, que establece el registro documental de personas físicas y jurídicas, genera problemas operativos para las empresas turísticas y vulnera derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la protección de datos. Carlos Pastor, diputado de Desarrollo Económico y defensor de la moción, señaló que el decreto exige 42 datos a los viajeros, frente a los 12 o 14 que se requerían anteriormente, lo que supone una carga administrativa desproporcionada, inseguridad jurídica y un incumplimiento normativo al no ajustarse a la legislación europea. Además, afirmó que esta exigencia coloca al turismo español en desventaja frente a otros países.
Pastor también destacó la falta de diálogo del Gobierno con el sector turístico, que rechaza de forma unánime esta normativa. Según explicó, tanto el Congreso como el Senado ya habían mostrado su oposición a la medida, pero sus pronunciamientos fueron ignorados por el Ejecutivo. En este sentido, la moción insta al Gobierno a establecer un canal de comunicación con operadores turísticos, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos para desarrollar una legislación equilibrada que garantice la seguridad jurídica y operativa.
La diputada de Vox, Gema Alemán, apoyó la moción señalando que el decreto supone un "golpe brutal" para la competitividad del sector turístico y fomenta una "burocratización extrema". Por el contrario, el portavoz de Compromís, Ximo Perles, reconoció el aumento de la burocracia, pero no consideró que la norma perjudique el interés general.
Por su parte, Yolanda Seva, del PSOE, defendió la normativa argumentando que moderniza un sistema de registro obsoleto de 1959 y que sus objetivos son prevenir el terrorismo y el crimen organizado. Según Seva, los 13 datos nuevos que exige el decreto son compatibles con la ley de protección de datos y responden a necesidades de seguridad nacional.