El Consell cierra filas con Barcala y descarta su dimisión pese a la presión de Vox por las VPP de Alicante
En cuanto a la vivienda de protección oficial adquirida en 2006 por la esposa del alcalde y actualmente alquilada, el portavoz ha restado relevancia a la polémica. Ha señalado que, según la información de la que dispone, se trata de una operación ajustada a la legalidad.
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una imagen de archivo.
El portavoz del Gobierno valenciano, Miguel Barrachina, ha salido este miércoles en defensa del alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras la polémica generada por la gestión de las VPP en la promoción de Les Naus y la petición de dimisión formulada por Vox en Les Corts Valencianes. En la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Barrachina ha asegurado que el Gobierno autonómico no contempla ningún escenario de relevo en la Alcaldía y ha defendido que tanto el Ayuntamiento como la vicepresidencia competente actuaron “con inmediatez” al tener conocimiento de posibles irregularidades. Sobre la vivienda de protección oficial adquirida en 2006 por la esposa de Barcala y actualmente alquilada, el portavoz ha restado relevancia a la polémica. Ha señalado que, según la información de la que dispone, se trata de una operación ajustada a la legalidad.
El portavoz ha subrayado que el único responsable señalado hasta el momento es un funcionario que fue promovido durante la etapa de PSOE y Compromís y que ha sido suspendido de empleo y sueldo por no haberse inhibido en un expediente que afectaba a su entorno familiar. Según ha explicado, la reacción fue rápida: se puso el caso en conocimiento de la Fiscalía y se solicitó la intervención policial. Una actuación que, a juicio del Consell, marca diferencias respecto a otros episodios conocidos recientemente en otras comunidades autónomas, donde —ha venido a señalar— la intervención partió directamente de los cuerpos policiales sin iniciativa previa del Ejecutivo.
Barrachina ha insistido en que el procedimiento bajo sospecha se remonta a 2017 y que el actual Gobierno valenciano ha introducido cambios para reforzar los controles y evitar que decisiones sensibles dependan de una sola persona.
Cambios en las reglas de acceso a VPP
El Consell defiende que la normativa se ha modificado para establecer un órgano colegiado que supervise la adjudicación de viviendas de protección pública, reforzar la transparencia de los listados de solicitantes y exigir mayores garantías en la inscripción registral. Además, ha vinculado la futura comisión de investigación aprobada en Les Corts a la necesidad de fortalecer el sistema y blindar la política pública de vivienda.
En este contexto, Barrachina ha aprovechado para confrontar cifras: ha asegurado que el actual Ejecutivo tiene en distintas fases 4.800 viviendas de promoción pública frente a las “cero” que, según su versión, se impulsaron en los ocho años de gobierno del Botànic.
Comisión de investigación
Preguntado por si la comisión sobre las VPP repetirá el clima de tensión vivido en otras investigaciones parlamentarias, el portavoz ha señalado que el deseo del Consell es que sea “útil” y sirva para reforzar el modelo actual. El Ejecutivo autonómico mantiene como objetivo activar 10.000 viviendas públicas durante la legislatura y sostiene que el nuevo marco normativo debe consolidar tres pilares: arraigo municipal de los adjudicatarios, mayor transparencia y decisiones colegiadas.