PSPV y Compromís exigen una comisión de investigación en la Diputación tras la detención de Carlos Baño

Agentes de la Policía Nacional practican este viernes diversos registros en instalaciones de la sede de la Federación Alicantina de Comercio de la Pyme (Facpyme), que preside Carlos Baño, detenido en relación con una investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción.

En concreto, los policías han realizado entradas durante la mañana en dos despachos en la sede de la federación, ubicada en la calle Orense de la capital alicantina, y un trastero, dentro de estas pesquisas relativas a los bonos comercio de los años 2022 y 2023 impulsados por la Diputación de Alicante.

Varios agentes han salido al exterior con cajas que, posteriormente, han cargado en vehículos. El operativo, dirigido por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), parte de una directriz de la Fiscalía Anticorrupción y se inscribe en esta investigación.

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha remarcado que las diligencias de este caso son secretas y que dependen de un juzgado de Alicante. También ha señalado que por el momento solo le consta el arresto del presidente de la entidad cameral y Facpyme.

Desde la Generalitat Valenciana, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia, José Díez, ha expresado, en relación con la detención, el "máximo respeto" a la actuación y diligencias judiciales, al tiempo que ha añadido: "Por supuesto, y como no podía ser de otra manera, presunción de inocencia por delante".

Por su parte, PSPV y Compromís en la Diputación de Alicante han anunciado este viernes, tras la detención de Baño, que van a solicitar la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de estos bonos comercio, un programa que se puso en marcha durante los años en los que la institución provincial estaba presidida por Carlos Mazón, ahora expresident de la Generalitat Valenciana por el PP.

Según el grupo socialista, "las bases del bono comercio 2022 fueron aprobadas el 10 de mayo de ese año; el 29 de junio, Carlos Baño Marhuenda fue elegido presidente de la Cámara de Comercio de Alicante; y apenas 14 días después, el 13 de julio, constituyó como administrador único la empresa Nexo Retail Alicante SL, dedicada precisamente a la gestión de este tipo de campañas".

Una coincidencia temporal "llamativa"

Para el PSPV, esta es una "coincidencia temporal que resulta especialmente llamativa". "Un mes después de asumir responsabilidades institucionales relacionadas con el tejido empresarial aparece una empresa creada específicamente para gestionar este tipo de programas. Cuando hablamos de cifras de decenas de millones de euros, es evidente que la ciudadanía necesita respuestas claras", ha asegurado.

De otro lado, Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación, cree que "todo el mundo ya sospechaba que la Cámara de Comercio de Alicante era la cueva de Alí Babá y los 40 ladrones, empezando por el actual gerente, Carlos Baño, quien sustituye al anterior, Carlos Mazón".

Asimismo, la portavoz de Vox y única diputada de esta formación en la institución provincial, Gema Alemán, considera que "hay que dejar que la administración de justicia trabaje y que la Diputación de Alicante colabore en lo necesario".

Por su parte, la concejala de Comercio en el Ayuntamiento de Alicante, Lidia López, ha destacado este viernes que el ayuntamiento "nunca ha tramitado sus diferentes campañas de bonos consumo con Facpyme y que en ningún momento han sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía".

La edil ha precisado que el consistorio alicantino gestionó directamente la primera edición de estos bonos en 2021 “y las siguientes se desarrollaron a través de la Cámara de Comercio, mediante un convenio fiscalizado por todos los órganos municipales, pero nunca con la Federación Alicantina de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme)".

"Nuestra gestión ha sido completamente clara, lícita y transparente en todas las ediciones, como se puede comprobar en los expedientes municipales de tramitación y fiscalización", ha recalcado la concejala.

En relación con la detención del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, por la gestión de los bonos consumo, Lidia López ha expresado “el máximo respeto a las decisiones judiciales por parte del equipo municipal de Gobierno, como siempre, y la total colaboración del ayuntamiento para esclarecer los hechos que la Justicia considere oportuno”.