incentivar las compras
Qué son los bonos comercio y por qué los gestionan entidades privadas
Algunas organismos privados colaboran con la administración canalizando el programa y la distribución de los fondos, y manejan un volumen elevado de dinero.
Dos personas caminan por una calle comercial, en una imagen de archivo.
Las campañas de bonos comercio constituyen una de las herramientas dirigidas a estimular consumo en el comercio de proximidad. Estas ayudas, promovidas en muchos casos por instituciones públicas, como Diputación de Alicante y distintos ayuntamientos de la provincia, persiguen incentivar las compras en establecimientos locales y apoyar a las pequeñas y medianas empresas.
El sistema busca un objetivo doble. Por un lado, permite a los ciudadanos acceder a productos y servicios a un precio reducido. Por otro, incrementa las ventas de las pymes y comercios de barrio.
Cómo funcionan los bonos comercio
Su funcionamiento es simple: el ciudadano adquiere un bono por una determinada cantidad (50 euros, por ejemplo) pero puede adquirir productos por el doble del valor de dicho bono (100 euros, siguiendo con el supuesto) en cualquiera de los comercios adheridos a la campaña. La diferencia entre lo que paga y lo que vale el producto es aportada por la administración pública. Ello duplica el poder de compra del usuario e incrementa en las ventas del comercio local.
Entidades privadas intermediarias
La gestión de estas campañas, no siempre las desarrolla directamente la administración sino que recurre a entidades intermediarias que se encargan de organizar y canalizar el programa. En Alicante, una de estas entidades intermediarias fue la Federación de Comercio de la Pequeña y Mediana Empresa (Facpyme) de la provincia.
Estas instituciones suelen firmar convenios de colaboración con la administración para crear y gestionar la plataforma tecnológica, la inscripción de los comercios participantes y la distribución de los fondos entre los establecimientos. Estos programas manejan un volumen elevado de fondos económicos, lo que obliga a transparentar y garantizar que ese dinero público se haya administrado correctamente y con las debidas garantías.