“Del expropiese al incáutese”: administraciones, vecinos y alcaldes abordan la Ley de Costas valenciana y el 'ninguneo' del Gobierno

Había ambiente de reivindicación desde antes incluso de empezar. En el Club Náutico de La Vila Joiosa no se respiraba una jornada técnica más sobre legislación urbanística o competencias administrativas. Lo que se debatía este jueves era algo mucho más tangible: casas, negocios, playas, historia y la sensación creciente de que el litoral valenciano vive una batalla abierta entre administraciones. La jornada sobre la Ley valenciana de Costas, organizada por ESdiario en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Ayuntamiento de la Vilajoisa y la Generalitat, reunió a representantes institucionales, expertos jurídicos, vecinos afectados y responsables de la Generalitat en un encuentro donde el tono fue subiendo conforme avanzaban las intervenciones. Porque detrás de los tecnicismos legales aparecía constantemente una idea: el miedo de muchos municipios costeros a perder parte de su identidad y de su actividad económica y el de unos vecinos que temen perder sus casas.

La encargada de conducir el acto fue Susi Boix, que fue dando paso a unas intervenciones en las que apenas hubo espacio para la tibieza. El primero en marcar territorio fue Marc García. Su intervención fue probablemente la más contundente de toda la mañana. Con un discurso muy político, pero también cargado de explicaciones técnicas, defendió que existen soluciones para combatir la regresión de las playas y acusó al Ministerio para la Transición Ecológica de rechazar sistemáticamente cualquier obra estructural que permita fijar arena y proteger el litoral.

Espigones, arrecifes artificiales o sistemas de rigidización de playas fueron algunas de las medidas que puso sobre la mesa. Según explicó, los aportes de arena que actualmente se realizan apenas sobreviven a los temporales y terminan desapareciendo rápidamente: "el ministerio dice que, como el mar avanza, lo que hay que hacer es eliminar la actividad humana de la costa. No lo dicen así, tan claro, pero les invito a que vean el plan estratégico nacional de adaptación de la costa, donde textualmente su objetivo estratégico número 2 es eliminar la actuación antrópica en el litoral", criticaba el director general. 

El director general denunció que propietarios que durante décadas han tenido sus viviendas registradas legalmente pueden perderlas sin una expropiación clásica ni una compensación equivalente, quedando únicamente bajo un sistema de concesiones administrativas: “Hemos pasado del expropiese al incáutese. Pero luego viene lo peor, que es el demuélase”.

El discurso conectó especialmente con algunos de los asistentes que conocen el problema en primera persona. Como Manuel López, abogado, miembro de Som Mediterránea y vecino afectado por la regresión del litoral en la playa Babilonia de Guardamar del Segura.

Su intervención fue menos institucional y mucho más emocional. Defendió que la ley valenciana “ha dado en el clavo”, motivo por el que cree que desde el Gobierno se la ataca, porque reconoce la singularidad de muchos núcleos históricos del litoral y aseguró que su vivienda sigue en pie gracias a la nueva normativa autonómica. Entre los asistentes había vecinos y representantes municipales que conocen bien la situación de Guardamar, Cabanes o diferentes puntos de la costa alicantina donde los deslindes y las órdenes de demolición llevan años generando tensión.

También intervino Pepe Morgan, abogado y vecino de El Perelló, que dibujó dos modelos completamente opuestos de entender la costa. Por un lado, dijo, quienes consideran que la solución pasa por abandonar el litoral y retroceder tierra adentro, refiriéndose a la política del Gobierno. Por otro, quienes creen que la ingeniería, la ciencia y la intervención técnica permiten compatibilizar protección ambiental y actividad humana, acciones por las que apuesta la Generalitat. Morgan elevó además el tono político al acusar al Gobierno de actuar con “deslealtad institucional” al recurrir leyes aprobadas por un parlamento autonómico simplemente por discrepancias ideológicas.

"Hay vecinos de nuestro litoral bajo la amenaza de la confiscación de sus propiedades, que están pagadas o están pagando y que tienen el riesgo de perder esa propiedad, pero no perder la deuda con el banco. Ese elemento de injusticia está ahí y lo que ha traído la ley de la costa valenciana es la protección de todos esos miles de valencianos que tenemos esa amenaza de la regresión de la playa y de una inacción del Gobierno de España que nos está perjudicando totalmente, no solo a los que vivimos allí,  sino también a los núcleos poblacionales, al 15% del PIB, que para una comunidad tan costera como es la comunidad valenciana es algo determinante", denunciaba el letrado.

Más institucional fue el discurso de Marcos Zaragoza, alcalde de la Vila joisa, aunque también dejó mensajes claros. El alcalde defendió la necesidad de equilibrar la protección medioambiental con el uso económico, turístico y residencial tradicional de la costa valenciana. Zaragoza reivindicó el peso económico del litoral y recordó que buena parte de la población y de la actividad productiva de la Comunitat Valenciana se concentra precisamente junto al mar. También aprovechó para poner en valor la singularidad de La Vila joiosa, combinando patrimonio marítimo, tradición pesquera, turismo y actividad náutica.

En una línea más académica intervino Fernando Rojas, director de la Cátedra de Economía Blava de la Universidad de Alicante, que reclamó prudencia al Estado y pidió respeto hacia la capacidad legislativa de las comunidades autónomas cuando regulan cuestiones vinculadas a su territorio.

El cierre corrió a cargo de Modesto Martínez, en una jornada que dejó claro que el conflicto sobre la Ley valenciana de Costas no es únicamente jurídico. Es también político, económico y, sobre todo, profundamente emocional para muchos municipios del litoral.