Los funcionarios que se ausentaron de la comisión municipal de las VPP también plantan a la jueza

Los tres funcionarios del Ayuntamiento de Alicante a los que la jueza que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus acordó citar a declarar como testigos no han comparecido este viernes en el juzgado.

Se trata de la jefa del Servicio de Gestión Patrimonial, un técnico de ese servicio y el arquitecto jefe del Departamento Técnico de Control de Obras. Se da la circunstancia de que los tres no acudieron a la comisión del consistorio, donde la comparecencia es voluntaria.

Por contra, sí han comparecido en el juzgado las cuatro personas adscritas a la Conselleria de Vivienda de la Generalitat Valenciana a las que la magistrada también acordó llamar en calidad de testigos para esta jornada, la segunda en la que ha habido declaraciones. Sus comparecencias han sido fundamentalmente de carácter técnico, según fuentes conocedoras.

Esos cuatro citados a declarar como testigos procedentes de la administración autonómica eran el director general de Planificación y Políticas de Vivienda, Juan Antonio Pérez, además de la jefa de Sección de Emergencia Habitacional, una técnica en Arquitectura y otra de gestión de Administración General.

En declaraciones a los medios de comunicación, el abogado Eduardo García-Ontiveros, que representa a la acusación popular de Ciudadanos en la causa, ha mostrado sus dudas sobre que la incomparecencia de los tres funcionarios municipales se deba a un error administrativo. En este sentido, cree que el juzgado habrá actuado "diligentemente" y que "los habrá citado".

"Lo que está claro es que las personas, si no han venido, es porque esa citación del juzgado no les ha llegado personalmente a ellos", ha resaltado García-Ontiveros, quien considera estas ausencias como "lo más llamativo" de la sesión de este viernes.

Al respecto de estas incomparecencias, el letrado de Ciudadanos también ha señalado: "A lo mejor es que la citación del juzgado se ha debido de perder por los pasillos del excelentísimo Ayuntamiento de Alicante. Eso es lo más reseñable".

Desde la acusación que ejerce este partido pretendían preguntar este viernes a esos técnicos municipales cuándo detectaron la existencia de posibles irregularidades. También si las notificaron a alguien y, en su caso, a quién, cuándo y a través de qué medio.

Sobre las ausencias, Fernando Cazorla, letrado de la otra acusación popular, ejercida por el grupo socialista del Ayuntamiento de Alicante, ha manifestado que la comunicación de esas citaciones se habría hecho a través de la "plataforma municipal".

Asimismo, el letrado que representa al PSPV del consistorio en este procedimiento ha hecho hincapié en que, ante este tipo de situaciones, "normalmente se vuelve a hacer una segunda citación" y, si ello no surte efecto, "se llama a la policía".

Comparecencias técnicas

Respecto a las comparecencias de testigos de la Conselleria, Cazorla ha destacado que la sesión ha sido "bastante técnica", ya que "solo" han ido técnicos de la administración autonómica "que tenían una intervención tangencial porque al final lo que hicieron fue la segunda revisión de los expedientes" después de trascender la polémica. "Estos técnicos son los que colaboran y ayudan a los técnicos que vinieron anteriormente a declarar", ha manifestado.

El abogado del grupo socialista ha incidido en que esas intervenciones se han basado en ratificar y cree que han sido "poco provechosas". Además, ha detallado que han declarado de forma individual y "contando su propia participación, que básicamente fue la de repartirse" esos expedientes. 

Según Cazorla, una de las personas comparecientes ha trasladado que hubo una reunión de "puesta en común" y que el funcionario de la administración autonómica investigado en la causa --al que la Generalitat expedientó por los visados-- "solo admite haber comprado un piso" y no recuerda si la expresión fue "he comprado o mi mujer ha comprado".

Una de las personas que resultó adjudicataria de una VPP en el residencial de Playa de San Juan es la pareja de ese trabajador, que fue expedientado. Al mismo tiempo, ella es arquitecta en el Ayuntamiento de Alicante.

Tanto ese técnico expdientado de la Conselleria como la mujer figuran entre las 15 personas que están citadas como investigadas en el juzgado: él para el 20 de mayo, como "jefe de la Sección de Vivienda Protegida", y ella para el 5 de junio, como beneficiaria. 

Responsables que se saltaron pasos

El abogado de Ciudadanos ha indicado que ha preguntado a una de las personas comparecientes "qué ocurre cuando los propios técnicos requieren información y más documentación" a los adjudicatarios para adquirir este tipo de inmuebles y esta persona o estas personas hacen caso omiso y no entregan más documentación". "La respuesta ha sido taxativa: automáticamente el expediente decae", ha agregado.

Igualmente, García-Ontiveros considera que puede haber varios responsables que se saltaron "a la torera" esos pasos: "Hubo gente a la que se le requirió documentación, más documentación para ello, hicieron caso omiso y, aún así, fueron beneficiados con la adjudicación de una vivienda. Por lo tanto, pues bueno, tenemos un problema".