La comisión de los bonos consumo exculpa a la Diputación y el PP acusa al PSPV de "embarrar y manchar" el nombre de la institución

La comisión de investigación sobre la gestión del bono consumo en la Diputación de Alicante ha concluido este miércoles sus trabajos con la aprobación de las conclusiones presentadas por el PP, que cuenta con mayoría absoluta. El dictamen, que será elevado al pleno para su aprobación definitiva, sostiene que "no hay ninguna irregularidad" en la actuación de la institución provincial respecto a estas ayudas.

Durante la sesión, la presidenta de la comisión y vicepresidenta primera de la Diputación, Ana Serna, defendió la existencia de una "absoluta transparencia" en el desarrollo de los trabajos. Serna lamentó que la comisión haya tenido que "intentar limpiar la imagen de una institución impoluta, como consecuencia del intento de embarrar y de crispar y de manchar el nombre de esta institución por parte del grupo socialista". Asimismo, insistió en que la única implicación de la Diputación en el bono consumo ha sido "hacer llegar el dinero a los ayuntamientos", encargados de decidir "cómo lo gestionan", y recalcó que no existe "ninguna relación ni con Facpyme ni con ninguna otra empresa".

En la misma línea, el equipo de gobierno señaló que la comisión ha concluido que no ha existido ninguna relación contractual o mediante convenio con la Cámara de Comercio o empresas vinculadas para gestionar el programa y que tampoco se han detectado ilegalidades o irregularidades.

Frente a esta posición, el PSPV criticó "los obstáculos impuestos por el equipo de gobierno" para "impedir que se conociera toda la verdad", mientras que Compromís insistió en la necesidad de "investigar las subvenciones otorgadas a la Cámara de Comercio para Alicante Gastronómica".

La reunión, en la que los grupos expusieron sus conclusiones finales, contó con la ausencia de la portavoz de Vox, Gema Alemán. Tras el encuentro, PSPV y Compromís calificaron las conclusiones del PP de "apenas dos párrafos" y "muy escuetas".

La comisión cierra así una investigación en la que únicamente compareció, el pasado 13 de mayo, el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante y de Facpyme, Carlos Baño, único investigado en la causa judicial abierta. 

Baño compareció de forma voluntaria y a puerta cerrada, donde reiteró su inocencia. La investigación judicial trata de determinar si existieron irregularidades en la gestión del programa impulsado durante la etapa en que Carlos Mazón presidía la Diputación de Alicante.

El cierre de la comisión se produce además después de que no comparecieran varios dirigentes socialistas citados, entre ellos los alcaldes Vicente Arques, Rubén Alfaro y Toni Francés, así como el exalcalde de Elche, Carlos González.

Por su parte, el PSPV sostuvo que la comisión termina en balde, "sin haber llegado al fondo de los hechos investigados y sin que exista una verdadera voluntad por parte del PP de esclarecer lo ocurrido". Los socialistas acusaron al PP de haber optado por "el secretismo desde el primer día" y de utilizar su mayoría absoluta para "controlar el desarrollo de la comisión, limitar las comparecencias y evitar que se investigaran todas las responsabilidades políticas derivadas de este asunto".

El diputado socialista Raúl Ruiz criticó además que la comparecencia de Baño se realizara de forma "cerrada, sin posibilidad de preguntas por parte de los grupos políticos", y acusó al PP de "impedir" la comparecencia de Carlos Mazón, a quien considera "el verdadero articulador político de esta trama cuando era presidente de la Diputación de Alicante". Según Ruiz, el entonces presidente tenía "la obligación política de dar explicaciones" y el PP bloqueó su presencia para evitar "preguntas incómodas". También denunció que se haya "impedido" a los periodistas seguir los trabajos de la comisión.

Compromís, por su parte, concluyó que "no se ha investigado mucho" debido a que no recibió documentación solicitada sobre la justificación de las ayudas. La coalición admite que "es cierto" que "en principio no hay convenios y contratos entre la Diputación directamente y Facpyme", pero sostiene que existen "graves anomalías en subvenciones que se otorgan a la Cámara de Comercio para organizar Alicante Gastronómica".