incumplimiento
Una sentencia obliga al Ayuntamiento de Alcoy a pagar 7.627 euros en intereses de demora en el pago de las obras de la pasarela de Cervantes
El PP califica la resolución como un "nuevo varapalo" y acusa al gobierno de Toni Francés de perjudicar las arcas públicas por su "mala administración económica".
El alcalde de Alcoy, Toni Francés.
El Partido Popular de Alcoy ha denunciado una nueva resolución judicial contra el ayuntamiento presidido por el alcalde socialista Toni Francés. El PP local indica que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el cumplimiento de la sentencia que obliga al ayuntamiento a abonar un total de 7.987,10 euros. La resolución dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Alicante estima el recurso presentado por la empresa adjudicataria de las obras de la pasarela peatonal de Cervantes ante una reclamación de pago.
De esta cantidad, 7.627,10 euros corresponden a intereses moratorios y otros 360 euros a gastos de cobro derivados del retraso en el pago de certificaciones vinculadas a la ejecución de la infraestructura.
Para el PP, esta resolución constituye "un nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Alcoy por la mala gestión de este gobierno municipal". La formación considera que el fallo judicial "evidencia, una vez más, la mala administración económica y la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de pago con las empresas proveedoras".
Los populares sostienen que este caso demuestra una práctica que consideran perjudicial para las arcas municipales. "El ayuntamiento acaba pagando más dinero por no pagar a tiempo", afirman, al tiempo que añaden que la gestión del ejecutivo local "no solo perjudica a las empresas que trabajan para la ciudad, sino que termina costando dinero adicional a todos los alcoyanos".
La concejala del PP en Alcoy, Amalia Payá, ha señalado que "estamos ante un nuevo ejemplo de ayuntamiento mal pagador, incapaz de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, y cuya dejadez acaba siendo corregida por los tribunales".
Asimismo, Payá ha considerado que "resulta especialmente grave que haya sido necesario acudir a la vía judicial para reclamar unos intereses derivados de pagos demorados por parte de la administración municipal, y que finalmente el ayuntamiento haya tenido que reconocer la condena y aprobar el depósito de las cantidades fijadas judicialmente".
Ante esta situación, el PP ha exigido explicaciones al alcalde sobre las circunstancias que motivaron la reclamación judicial. Además, reclama "transparencia sobre la gestión de pagos del ayuntamiento y los posibles perjuicios económicos derivados de retrasos administrativos".
La formación concluye que "gobernar también es pagar correctamente y respetar los compromisos adquiridos con las empresas" y advierte de que los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones económicas por parte de una administración pueden afectar tanto a la imagen institucional del ayuntamiento como a los recursos públicos.